Retos normativos para la legislación sobre menores

Comparecencia ante la Subcomisión de Estudio sobre las Redes Sociales (Comisión de Interior).

Miércoles 2 de abril de 2014,  10.00 horas.  Congreso de los Diputados.

Texto de la comparecencia.

Señor presidente, señorías, usaré el breve espacio de tiempo disponible con la esperanza de poder aportar algún criterio útil a esta subcomisión cuyo conocimiento de la materia será profundo, habida cuenta de los comparecientes que me precedieron en esta tribuna. Permítanme por tanto evitar circunloquios inútiles e ir al grano.

Comparezco para exponer cuestiones relativas a redes sociales y menores ante una subcomisión dependiente de la Comisión de Interior. Creo que esto hace visible el abordaje de la relación entre los menores y las redes sociales como problema antes que como oportunidad. Por ello mi exposición se va a centrar en dos aspectos  muy específicos: el valor de la privacidad como instrumento generador de oportunidades y en los aspectos legislativos relevantes en esta materia.

En primer lugar, y desde nuestro punto de vista, en el origen de gran parte de los problemas que pueden acechar a los menores en internet se encuentra un tratamiento de datos. Cuando el menor abre la puerta de su casa en internet lo hace aceptando una invitación, alguien ha accedido a sus datos, abriendo su espacio a un tercero y  compartiendo sus datos, porque alguien rompe una contraseña, esto es por una pérdida o ruptura de la seguridad de sus datos, o porque el propio menor facilita datos al entregar por ejemplo una  fotografía. Se trata de ser capaces de controlar la información.

Señorías, Vds., yo, nuestros hijos e hijas, todo lo que nos rodea ofrece información. Hoy nuestra biografía es digital. Vds. y yo somos mensurables en megabytes, en gigabytes y puede que algunos más afortunados o desgraciados en terabytes. Y este es sin duda uno de los núcleos esenciales del problema, la incapacidad para ejercer un control sobre nuestra información personal.

El derecho fundamental a la protección de datos personales juega una función esencial en esta materia al regular las condiciones para el tratamiento de los datos y aunque puede resultar operativo para definir el marco de relación entre los proveedores de servicios y los usuarios, sin embargo resulta absolutamente ineficaz en las relaciones interpersonales, excluidas de su ámbito de aplicación en la mayoría de los casos.

Sin embargo, de este instituto jurídico y de su fin último, garantizar la autodeterminación individual, podemos extraer un aprendizaje provechoso. Somos tanto más libres en la sociedad de la información  cuanto más capaces seamos de ejercer un control sobre nuestros datos, de decidir quién los trata y bajo qué condiciones lo hace.

En mi experiencia cuando se transfiere al menor este aprendizaje, cuando se le empodera y se le hace consciente del valor de su información y propietario de sus datos, obtenemos una primera barrera frente a los riesgos de internet.

Esta barrera defensiva debe basarse en la concienciación y en la educación. Pasó el tiempo de prohibir. Pasó el tiempo en el que la prevención debía confiarse exclusivamente a funcionarios de uniforme, cuya tarea consistía en exhibir los riesgos o en mostrar lo malo. Esa tarea es esencial, pero como valor añadido a una visión positiva centrada en la autodeterminación del menor, en el conocimiento y en la formación en positivo. Señorías nuestros hijos viven rodeados de un mundo de smartphones, de tabletas, de videojuegos conectados a internet en escenarios participativos globales. Sus hijos les ven cada día comprar online, ver televisión bajo demanda y trastear con las formas de pago en el móvil. Sus hijos van a crecer en la frontera de las ciudades inteligentes sumergidos de lleno en el internet de las cosas y el big data.  ¿Cómo podemos prohibir a un menor que viva en su propio mundo?  Por tanto, el horizonte es otro y comporta compromisos que imponen al Estado el inexcusable deber de actuar.

El primer marco de acción ineludible es el educativo. No soy original, habrán escuchado esto en anteriores comparecientes y lo seguirán escuchando después. Permítanme sin embargo compartir con Vds. mi experiencia con los chicos y chicas de la Facultad de Magisterio de la Universitat de València. Verán, el centro cada año realiza un esfuerzo y programa una actividad extra-académica sobre la materia que hoy nos reúne aquí. Los estudiantes son nativos digitales y a la vez tienden a ser analfabetos en lo que atañe a su perfil digital. Dicho de otro modo, si los profesores pre-internet se enfrentan a una barrera casi insalvable resulta que las nuevas promociones carecen de formación específica en materia de identidad digital. Nada favorece incorporar estos contenidos al currículo escolar desde la enseñanza primaria a la superior. Y esto señorías, es sencillamente una tragedia. Si queremos ser eficientes, la formación de los docentes en estas capacidades, el fomento de la investigación y la incorporación de la formación sobre internet en general y sobre el control de la información personal en particular, constituye un reto ineludible. Hace falta que forme parte de asignaturas en todos los ciclos, y hay que llevar internet y la identidad digital a los planes de estudio en el grado de magisterio y a los posgrados que capacitan para la docencia.

Y lo mismo puede decirse de los padres. Un reciente informe de EU Kids Online que Vds. conocerán nos sitúa ante dos modelos. ¿Qué prefieren Vds. un mundo seguro lleno de controles parentales y prohibiciones con menores sobreprotegidos o un mundo de usuarios avanzados, apoyados y tutelados por su entorno familiar y escolar? ¿Cuál de estos dos perfiles será más capaz de usar internet en libertad y para la libertad?  ¿Cuál de estos dos perfiles contribuirá al fortalecimiento de las estructuras sociales, participativas y económicas del país? La respuesta es evidente, educación, educación y educación.

Señorías el segundo aspecto que quisiera destacar ante Vds. es el regulador. Nuestras Leyes sencillamente, no sirven. La ley orgánica de protección jurídica del menor ofrece un marco tuitivo insuficiente y anticuado. Así, sirva como ejemplo el art. 4 cuyo párrafo segundo, pensando en los medios de comunicación tradicionales señala que «La difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, determinará la intervención del Ministerio Fiscal, que instará de inmediato las medidas cautelares y de protección previstas en la Ley y solicitará las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados». ¿Y cómo puede abordar la fiscalía el oversharing en redes sociales y blogs?

Seguro que aquí se ha tratado la cuestión de los smartphones y los menores. Pues bien, en esta Cámara se está abordando la reforma de la legislación sobre telecomunicaciones. Les reto a que busquen la palabra “menores” en su texto, o la palabra infancia, o niño. En las definiciones se habla de abonado, que es quien celebra el contrato, y de usuario que es el que utiliza el servicio. Y cuando se regulan los derechos de éstos no aparece en lugar alguno el derecho a la protección de la juventud y la infancia que es un valor que ciertamente cita el constituyente en otro contexto, aunque nada nos impida realizar una interpretación actualizada del mismo. Y nada se dice al regular el derecho fundamental a la protección de datos en esta materia en el art 48, ni siquiera en un ámbito tan sensible como la localización.

Así que, salvo que el compareciente se equivoque no tenemos legislativamente hablando la posibilidad de saber cuándo el usuario de una línea es un menor y de establecer medidas específicas de protección. Van a ser esos padres, de  los que se dice que ya no saben programar el vídeo porque ahora es sencillamente otra cosa, los que deberán aprender a articular en los Smartphone políticas de protección, políticas de cesiones de datos, de cookies… ¿Qué ocurrirá cuando la tecnología permita contratar con el móvil como algo ordinario?

Otro gran vacío normativo es el relativo a la consideración del menor maduro. Cómo les decía antes, parece sencillo prohibir o limitar. ¿Y qué sucede cuando se trate de un joven de 16 o 17 años? ¿Vamos a someter a estos jóvenes en aras de su protección a una pérdida total de intimidad? ¿Creemos que la patria potestad alcanza a revisar sus redes sociales, sus correos electrónicos o a tenerlos permanentemente localizados? Pues si vemos las hemerotecas, hay quien piensa que sí. Señorías, esto no puede ser compartido, la vida privada es consustancial al desarrollo de la personalidad y tenemos el deber de ser capaces de que nuestras normas definan, también en el mundo internet, qué es un menor maduro y cual sea el alcance del sano ejercicio de la patria potestad.

Y finalmente no puedo sino referirme al art 13 del Reglamento de Desarrollo de la LOPD en cuya redacción estuve en su día directamente implicado. Voy a serles muy sincero, el precepto pese a su carácter innovador, y aparte de las dificultades que plantea su aplicación en materia de validación de identidad, es un mal apaño. Y lo es, porque algo de esta trascendencia es tarea del legislador, y lo es porque no deja de ser un pálido remedo de la Children Online Privacy Protection Act de 1998, cuyo desarrollo y puesta en práctica por la Federal Trade Commision merece un estudio profundo. Les diré más, a nivel estatal por ejemplo en Arkansas se está comenzando a regular la privacidad en las escuelas. No se trata de una experiencia importable pero muestra una sensibilidad muy significativa e inspiradora.

En conclusión señorías que nuestros niños y niñas aprendan a controlar su información puede ser una palanca vital para su seguridad en internet. La educación debe ser un pilar esencial para ello, para que aprendan a conformar su perfil digital y para que sean usuarios avanzados y conscientes. Pero por otro lado, tanto desde el punto de vista de los menores, como del ejercicio de la patria potestad y del de la seguridad jurídica para la industria, se necesita urgentemente un Ordenamiento jurídico adaptado a los tiempos. Gracias señorías quedo a su disposición.