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Publicado en El Mundo el 15/02/2015

Se publica que la Consejera de Educación de la Generalitat Valenciana, en una respuesta parlamentaria a Ignacio Blanco de Izquierda Unida, afirma que «utilizar una plataforma de intercambio de ficheros es una actividad que puede ayudar a trabajar de forma transversal la seguridad en las redes como un contenido que el alumnado necesita en la sociedad actual». Y lo cierto es que hay que coincidir con la Sra. Consejera en el objetivo, pero en absolutamente nada más. Efectivamente tenemos la responsabilidad de que nuestros niños y niñas sean lo que en un estudio de EuKids online se calificaba como “advanced users”. Nuestros menores se caracterizan más por un perfil de aprendiz, “young learner2, con poca capacidad de evaluar o con el de un adicto al juego online o “intensive gamer”.   España, junto con Alemania o Francia se sitúa en la franja de países limitadamente seguros para los niños en internet. Sin embargo, la razón para ello deriva menos de las capacidades de los menores que de un ambiente de prohibición y control parental que genera una menor exposición. De ahí las cifras. Sin embargo cualquier experto les dirá que lo relevante no es el grado de exposición evaluada en términos estadísticos sino la capacidad de reacción cuando el riesgo se materializa.

Es curioso constatar como las cifras sobre exposición al riesgo son mayores en países como Suecia. Sin embargo, en estas sociedades el riesgo se afronta por estudiantes expertos, por usuarios avanzados que además han pasado por etapas de control parental en la corta edad que maduran hacía la mediación y el diálogo en la adolescencia. Esto significa que un menor sueco, salvo que se encuentre en una familia desestructurada, navegará libremente por internet pero confiará en padres y profesores cuando perciba algún riesgo. Estas capacidades son las que espera entrenar la Sra. Consejera, pero no se adquieren como ella cree.

En primer lugar, y como se suele decir, los experimentos con gaseosa. Amigo lector debo confesar que no sé nadar. Un familiar muy querido, y ya difunto, no tuvo más luces que tirarme a una balsa de riego mintiéndome sobre su profundidad y esperando que el instinto de supervivencia haría el resto. Eso es exactamente lo que se nos propone desde la Conselleria de Educación. Nuestros hijos e hijas aprenden a nadar con instructores, que les inculcan técnica, se usan corchos y espárragos flotantes de colores y además, y por si acaso hay un socorrista. Se trata de una experiencia gratificante y ante todo segura. Subir videos a internet porque te lo pide un profesor, o porque permite lucir palmito a un centro escolar, no es necesariamente algo seguro ni aconsejable.

En segundo lugar, los trabajos de sendas comisiones parlamentarias en Congreso y Senado apuntan exactamente en la línea que se propone en este artículo. No van a encontrar un solo compareciente que proponga a nuestros niños tirarse solos a la piscina, como tampoco hay ni uno solo que proponga prohibir el uso o aprendizaje de internet. Sin embargo existe una coincidencia plena en recomendar la incorporación al currículum de conceptos básicos sobre seguridad e identidad digital.

Por otra parte, y con independencia de las resoluciones del regulador que los tribunales dirimirán, exponer los datos personales de menores en internet por indicación de un centro escolar tampoco es jurídicamente correcto. Y para llegar a esta conclusión basta con leer el artículo 16 de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana, e incluso aplicarla. Esta norma, dice que hay que impedir el tratamiento o la cesión de los datos del menor sin el consentimiento de su representante, salvo en el caso del menor emancipado.

Pues bien, para que un menor use un entorno de red social debe registrarse en la misma. Generalmente se trata de un proveedor de un tercer país. Por otra parte, las redes sociales al uso no se han concebido con una finalidad didáctica, incluidos los servidores de video. Cuando nuestro niño o niña se registra acepta un contrato en virtud del cual cede los derechos de explotación sobre su imagen y sobre los propios datos al proveedor al que permite, entre otras cosas, la edición de publicidad personalizada. Precisamente por ello, en Estados Unidos existe legislación específica, -COPPA 1998-, el gobierno Obama se está replanteando las condiciones de tratamiento de datos personales en entornos escolares y la Federal Trade Comisión publica una guía tras otra prestando recientemente mucha atención a las aplicaciones móviles.

Es responsabilidad de la Consejera asegurarse de que cuando en un centro se suben datos, o se incita a subirlos a una red social, exista un contrato previo con el proveedor que garantice un uso limitado de los datos y unas condiciones adecuadas de seguridad. Es su responsabilidad, asegurarse de que el objetivo de la enseñanza no se refiera sólo a usar el coche, sino también aprender el código. Es responsabilidad de los poderes públicos garantizar la seguridad y la identidad digital de nuestros niños y niñas y su formación, y hacerlo de modo ordenado, planificado, analizando los riesgos y dimensionando las condiciones de seguridad y privacidad de los sistemas. La privacidad de nuestros menores no se salvaguarda con ocurrencias.

Es fundamental por último aplicar el sentido común. Si Vd. querido lector piensa que a partir de un video subido a internet alguien se puede burlar del mal inglés de un niño o niña o si cree que existe algo inadecuado en esos fascinantes “lip dubs” con escolares en el gimnasio o directamente dirigidos a la promoción publicitaria de colegios, seguramente no necesite invocar la autoridad de norma alguna para entender porque las cosas son algo más complicadas de lo que la autoridad educativa valenciana parece sugerir.