De Martutene a Sada.

El 18 de octubre el diario La Opinión de A Coruña publica un titular «Protección de Datos apercibe al puerto por grabar una protesta», cuyo contenido relacionado con la grabación de alrededor de medio millar de personas que irrumpieron en la dársena para protestar por el cierre de la L. El titular ha despertado mi curiosidad y tras una operación de búsqueda y de contactar vía Twitter con el denunciante @dereitoscivis consigo acceder al texto de la Resolución, no sin cierto desconcierto de quien amablemente la facilita, puesto que no le concede relevancia como para despertar esta curiosidad. Y es cierto, carece de ella.

A lo largo del texto de la Resolución se asiste a un inventario de videocámaras y de su ubicación. En esencia se determina la titularidad de las instalaciones, la ubicación de las videocámaras en relación con el objeto de vigilancia, la presencia de carteles informativos, la disposición de los monitores en cuanto a cámaras asignadas y el espacio objeto de grabación. El tipo aplicado no es otro que el de captación de imágenes en la vía pública sin consentimiento proponiéndose aplicar el criterio del apercibimiento.

Debo confesar que el titular me atrajo a la espera de otros detalles que sin embargo la resolución no recoge. ¿Se trataba de una manifestación autorizada? ¿Con qué finalidad se obtuvieron las imágenes? No es la mía una curiosidad banal ya que el caso ha traído a mi memoria la STC 37/1998 dictada con motivo de la grabación por la Ertzaintza de imágenes y la toma de fotografías sobre la actividad de un piquete informativo en el polígono industrial de Martutene de San Sebastián durante la huelga general del 27 de enero de 1993. El Alto tribunal realiza una ponderación entre los derechos fundamentales afectados por la toma de imágenes y los intereses protegidos por la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Debe señalarse, que al no ser invocado en ningún momento por los recurrentes el derecho fundamental a la protección de datos, el Tribunal no se pronuncia. Sin embargo, la sentencia posee relevancia en la medida en que demuestra que la captación de imágenes, y su posterior utilización, puede convertirse en instrumento para la vulneración de otros derechos como la libertad sindical, el derecho de huelga o los derechos de reunión y manifestación pacíficas. A este respecto el fundamento jurídico sexto del pronunciamiento resulta más que significativo:

«la filmación enjuiciada entrañó una disuasión u obstaculización del libre ejercicio del derecho de huelga, reduciendo su efectividad, pues no cabe minusvalorar los efectos disuasorios que puede producir en el ánimo de quienes pacíficamente forman parte de un piquete informativo el hecho de ser ininterrumpidamente filmados, sin mediar explicación alguna de este proceder –es decir, sin que los afectados puedan conocer los motivos de la medida adoptada-, sin que se acepte su ofrecimiento de identificación y, sobre todo sin saber que uso van a hacer de la filmación las fuerzas de seguridad y que tipo de controles van a existir sobre la misma. Es más, esos efectos disuasorios pueden producirse también sobre los ciudadanos a los que se dirige la información de los piquetes, con la consiguiente enervación, cuando menos parcial, de los efectos de extensión y publicidad de la huelga perseguidos por quienes ejercen ese derecho constitucional.

En suma, las circunstancias concurrentes permiten afirmar que la filmación incidió en el ámbito constitucionalmente protegido del derecho de huelga, configurándose como un obstáculo objetivamente constatable al modo de lo dicho en la STC 52/1995 (fundamento jurídico 2.º), para la plena efectividad del derecho de huelga.»

Con harta frecuencia las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos citan la STC 292/2000. Prácticamente desde la primera sentencia en esta materia, la STC 254/1998, pasando por el caso CCOO que arrojó varias resoluciones comenzando por la STC 11/19998, hasta llegar a nuestro leading case, el Tribunal Constitucional ha subrayado siempre la naturaleza instrumental del derecho fundamental a la protección de datos y su apertura al entero sistema de derechos fundamentales. Señala el Tribunal:

«De ahí la singularidad del derecho a la protección de datos, pues, por un lado, su objeto es más amplio que el del derecho a la intimidad, ya que el derecho fundamental a la protección de datos extiende su garantía no sólo a la intimidad en su dimensión constitucionalmente protegida por el art. 18.1 CE, sino a lo que en ocasiones este Tribunal ha definido en términos más amplios como esfera de los bienes de la personalidad que pertenecen al ámbito de la vida privada, inextricablemente unidos al respeto de la dignidad personal (STC 170/1987, de 30 de octubre, FJ 4), como el derecho al honor, citado expresamente en el art. 18.4 CE, e igualmente, en expresión bien amplia del propio art. 18.4 CE, al pleno ejercicio de los derechos de la persona. El derecho fundamental a la protección de datos amplía la garantía constitucional a aquellos de esos datos que sean relevantes para o tengan incidencia en el ejercicio de cualesquiera derechos de la persona, sean o no derechos constitucionales y sean o no relativos al honor, la ideología, la intimidad personal y familiar a cualquier otro bien constitucionalmente amparado» (FJ 6).

Pero el Tribunal Constitucional va más allá, y subraya cómo se extiende el ámbito de protección y «los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo».

Debemos pensar que la captación de imágenes de una manifestación fue meramente incidental y que este hecho ha sido verificado y constatado por la Agencia. Ello impide comprobar que hubiera ocurrido de tratarse de una grabación intencional, y cómo en este caso la relación de infracción del consentimiento se habría trasladado al ámbito de la tutela de los datos especialmente protegidos, particularmente gravosa en lo relativo a los datos susceptibles de revelar la ideología política y sindical.