«Perplejidad». Algunas reflexiones sobre videovigilancia privada.

El lector atento sabe interpretar perfectamente aquello de excusatio non petita acusatio manifesta. Sin embargo debo confesar que tal vez la redacción de este artículo en un domingo canicular de marzo, no posea la debida lucidez y claridad, y venga definido muy mucho por preconcepciones si no manías de su autor. El texto coincide con la preparación de unos apuntes en los que el debate entre la practicidad y la honestidad intelectual es poco menos que feroz.

Veamos. La cuestión puede formularse en términos sencillos aunque resulte harto complicada. En videovigilancia, desde la famosa Ley Omnibus la posición básica en protección de datos consiste en despejar de la ecuación a las empresas de seguridad en la instalación, salvo en servicios concretos ligados a centrales de alarmas, -nada que objetar-, pero trasladando esa idea también a la legitimación para el tratamiento y el uso de las instalaciones.

Para muestra bien vale un botón. En la reciente Guía de Protección de datos y Administración de Fincas a la vez que se excluye que las imágenes sean «accesibles a los vecinos mediante canal de televisión comunitaria», -por evidentes razones de seguridad de la información-, se dice que el acceso a las imágenes «estará restringido a las personas designadas por la comunidad de propietarios». ¿Qué personas? ¿El portero? ¿El presidente de la comunidad?

Desde un punto de vista constitucional siempre debería preocuparnos cómo debe gestionarse el desempeño privado de actividades que tradicionalmente han sido monopolio del Estado como la seguridad, y en todo caso, las condiciones de garantía de los derechos fundamentales concernidos. No es ajeno a ello el legislador, y tal vez por esto la Exposición de Motivos de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, señale que:

La proyección de la Administración del Estado sobre la prestación de servicios de seguridad por entidades privadas y sobre su personal se basa en el hecho de que los servicios que prestan forman parte del núcleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, y en la misión que, según el artículo 104 del propio texto fundamental, incumbe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

A partir de ahí, se establece un conjunto de controles e intervenciones administrativas que condicionan el ejercicio de las actividades de seguridad por los particulares.

En lógica coherencia, la Ley de Seguridad Privada regula un conjunto de actividades relacionadas con la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos, el acompañamiento, defensa y protección de personas físicas, la custodia de bienes valiosos, -como joyas-, o peligrosos, -como explosivos-, o la gestión e instalación de centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia. Estos servicios se atribuyen a empresas de seguridad privada, reservándose a los detectives la investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de parte.

Perdone el lector la ingenuidad, y la carencia de rigor y capacidad jurídica, pero lo cierto es que como ciudadano de a pie siempre me pareció que cuando se instala un videocámara en una comunidad de vecinos suele ser porqué han robado en el barrio. Les prometo que cuando visito a mis amigos ni una sola vez me ha atendido un amable portero que me ha tomado los datos y me ha dado una pegatina para moverme por las viviendas privadas. Aunque, tal vez eso se deba a esta vida pequeñoburguesa carente de todo glamour sin controles de acceso a edificios.

Seguramente la cuestión radique en cómo interpretamos el artículo 7 LSP. Esta norma excluye las «actuaciones de autoprotección, entendidas como el conjunto de cautelas o diligencias que se puedan adoptar o que ejecuten por sí y para sí mismos de forma directa los interesados, estrictamente dirigidas a la protección de su entorno personal o patrimonial, y cuya práctica o aplicación no conlleve contraprestación alguna ni suponga algún tipo de servicio de seguridad privada prestado a terceros».

Esto implicaría que la autoprotección no debe ser leída en singular, como la propia de una persona física, sino también en el sentido de abarcar personas jurídicas, comunidades de bienes o comunidades de propietarios. Sin embargo, la citada norma excluye en tal caso el recurso a los empleados para el desarrollo de las funciones previstas en la LSP, reservadas a las empresas y el personal de seguridad privada. Es decir, una comunidad podría auto-protegerse pero no podría dejar en manos de su portero el manejo del sistema de videovigilancia y lo mismo en una empresa. El resultado práctico, que quieren que les diga poco tranquilizador, es que ahora que el presidente de mi comunidad es el cotilla de la 9B, uno se siente invadido en su intimidad tan pronto abre la puerta del zaguán. Curiosamente, resulta que puedo impedir que un policía me fisgonee allí, pero con la doctrina de “no te hace falta empresa de seguridad” dejo el sistema en manos de ineptos aficionados amigos del correveidilismo.

Hay otros elementos particularmente preocupantes. La Ley de Seguridad Privada prohíbe el ejercicio de funciones de seguridad privada por parte de personas físicas carentes de la correspondiente habilitación o acreditación profesional. Y el artículo 42 señala que cuando la finalidad de estos servicios sea prevenir infracciones y evitar daños a las personas o bienes objeto de protección o impedir accesos no autorizados, serán prestados necesariamente por vigilantes de seguridad. No sucede lo mismo cuando se trata de controles de acceso.

El marco normativo se cierra con un régimen de infracciones que considera muy grave la contratación o utilización, en servicios de seguridad privada, de personas que carezcan de la habilitación o acreditación correspondiente, y la sanciona con multa de 30.001 a 600.000 euros.

Así que planteemos la siguiente hipótesis:

1.-Pongamos que al Ministerio del Interior se le ocurre que el servicio correspondiente se ponga a inspeccionar comunidades de vecinos.

2.-Supongamos que lo “normal” es que cuando se le pregunte al presidente de la comunidad, o al portero, para qué son las videocámaras se responda “para que no nos roben”.

3.-Puestos a tener mala suerte, ya que me temo que nadie libra a nuestros amigos con portero videovigilante, imaginemos que al instructor se le ocurre que el grabado y visionado de imágenes en el disco duro del presidente de la comunidad constituya un supuesto de utilización de persona no titulada.

Y pensemos que esto puede ocurrir, no debido a una elucubración del autor de este post, sino al hecho de que el Informe UCSP Nº: 2014/033. Sobre visionado de sistemas de video vigilancia en Comunidades de Propietarios apunta en esta línea y señala:

«cuando la labor realizada por los conserjes, no consista en la prestación de un servicio de seguridad, para el que no se está contratado, si no que se trata de otras funciones, y que dentro de estas otras funciones solo de manera ocasional realiza el visionado de los monitores que se citan, este hecho se encontraría inserto en el deber de cuidado y fidelidad que todo empleado ha de tener con respecto a los intereses de su empresa.

No obstante, esta distinción conceptual teóricamente expuesta, no puede ser confundida ni utilizada interesadamente para tratar de dar cobertura a una figura impropia de conserje/vigilante, y menos aún para tratar de amparar la supuesta contratación de un conserje que realice, en la práctica, la función correspondiente de un vigilante.

Por tanto, el criterio delimitador, además del contractual o documental, que servirá como elemento indiciario, vendrá dado por el servicio principal verdaderamente desarrollado por el empleado, que es lo que debe ser constatado y probado en cada caso concreto.

En base a lo expuesto, el lugar donde se ubiquen los monitores tendrá la consideración de centro de control cuando el servicio prestado sea de vigilancia y protección de bienes y personas en general y en este caso, la instalación y mantenimiento de los sistemas de videovigilancia siempre deberá realizarse por empresas de seguridad autorizadas para estas actividades».

Es decir, que la consideración de centro de control, viene determinada no por el hecho de instalar un sistema de CCTV, sino por el visionado en tiempo real de las imágenes generadas por esas cámaras y siempre que éstas tengan esa finalidad preventiva o de vigilancia .

¿En tal caso le contamos al Ministerio la brillante teoría que impera en el ámbito de la protección de datos? Puede que con suerte el funcionario ande trabajando en su tesis doctoral y nos recuerde lo de la interpretación sistemática del Ordenamiento Jurídico, e incluso nos argumente que el requisito del vigilante de seguridad se relaciona con el hecho de que la gestión privada de la potestad estatal de vigilar requiere de autorización, supervisión pública y profesionalidad como garantía de tratamiento adecuado y preservación de la intimidad y el derecho fundamental a la protección de datos de los vecinos.

Por si las moscas, igual deberíamos pagarle un curso de vigilante de seguridad al presidente de la comunidad. Saldrá más barato.