Sonría, puede que una cámara le esté grabando.

Publicado originalmente en El Mundo CV el 24/08/2015

Con esta amable frase me recibía hace unos años un cartel en mi farmacia de cabecera. A lo largo de 3 años fue sustituido por el logo de una empresa de seguridad y este verano por otro que cumple con el conjunto de especificaciones que la Instrucción 1/2006 y la Guía de Videovigilancia de la Agencia Española de Protección de Datos prescriben. Probablemente este sea uno de los miles de casos de regularización jurídica de este tipo de sistemas.

Instalar videovigilancia es relativamente sencillo, basta con ir a un conocido centro comercial y encontraremos una sección dedicada a ello. También podemos encontrar en Internet una enorme variedad desde la webcam a miniaturizadas minicámaras “wearables” que insertar en nuestra chaqueta. La mayor parte de ellas capaces de volcar las imágenes en un ordenador a través de internet. Desgraciadamente la decisión de instalarlas suele ser tan primaria como la facilidad de su compra. Basta con un repunte en la percepción de la seguridad o con la más leve desconfianza en nuestros trabajadores para tomar esta decisión.

Sin embargo no todo es tan simple. Se trata de tecnologías muy invasivas que pueden poner en riesgo la privacidad y la imagen y obligan a un complejo proceso decisorio. Es necesario graduar la relación entre la necesidad-finalidad que las motiva, -la existencia de riesgos objetivos para personas y bienes-, y las condiciones de uso de las mismas. Hay que definir el área objeto de grabación que debe excluir la vía pública o espacios de privacidad como un vestuario. Debemos informar sobre la existencia de las mismas en los términos legalmente previstos, y con particular precisión en entornos laborables. Deberemos decidir si grabamos o no, el periodo de conservación de las imágenes y el modo en que actuaremos si captan cualquier tipo de infracción. Y además hay que cumplir con obligaciones formales, -inscribir un fichero ante la Agencia Española de Protección de Datos-, y materiales garantizando la seguridad del sistema.

Por otra parte, incluso ciertos usos recreativos y promocionales como emitir imágenes en internet desde un local de ocio, una instalación deportiva o una guardería podrían plantear serios problemas jurídicos cuando las personas resulten identificables o cuando sean menores de edad. Y no sólo en términos de protección de datos personales, también en relación con la explotación comercial de la imagen.

Los trabajadores, clientes y usuarios son cada vez más conscientes del impacto de la captación de sus imágenes, especialmente cuando se difunden a través de internet. La decisión de instalar videocámaras debe basarse en un riguroso análisis de necesidad y obliga a definir políticas de uso y seguridad. Usar videocámaras entraña una enorme responsabilidad. Es indispensable por tanto buscar apoyo en la información institucional disponible o en un experto en esta materia.