Videovigilancia, encargado del tratamiento y justicia material. ¿Cambio de rumbo?La cajera que contribuía a la economía doméstica

Tres de cinco.

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Finalizaba el segundo artículo de esta serie mostrando la existencia de una diferencia de criterio significativa entre la postura de la Agencia Española de Protección de Datos en el caso del Museo y la expresada por el Tribunal Constitucional en la STC 186/2000. No se trataba, recuérdese de un disenso injustificado. En ningún caso el regulador se oponía a aplicar el criterio de la Corte, sencillamente consideraba que aquella resolvía una cuestión de legalidad ordinaria más que fijar un criterio interpretativo de carácter general.

Paradójicamente no se ha producido con posterioridad una afirmación jurisprudencial de la postura del Tribunal Constitucional sino más bien al contrario, una importación por éste y por el Tribunal Supremo del criterio de ponderación utilizado por la Agencia Española de Protección de Datos y que ésta, ya les adelanto en un pre-spoiler del capítulo cuatro, no ha dudado en abandonar.

Desde un punto de vista práctico resulta interesante someter al juicio del lector el caso de la cajera que proporciona el subtítulo a este artículo. La Sentencia la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 13 de mayo de 2014, (STS 2618/2014), aborda el caso de la nulidad de una videograbación a una cajera. Resulta necesario subrayar que se trata de un recurso de unificación de la doctrina planteado respecto de una sentencia de un Tribunal Superior de Justicia. Y no es ocioso destacar el relevante papel que poseen este tipo de sentencias a la hora de fijar un criterio de interpretación del Ordenamiento.

Nuestra cajera había sido grabada en la noble tarea de contribuir a la economía doméstica propia, mediante el procedimiento de cobrar a su pareja sólo una parte de lo realmente comprado eludiendo hábilmente el paso por el escáner de los productos más valiosos. El juez de lo social determinó asimismo que no había existido una notificación formal sobre la existencia del sistema, aunque a preguntas de los trabajadores se informó que la vigilancia se limitaría a los clientes y no a los trabajadores. Por tanto, la captación de la acción de la cajera resultó incidental y nulo su uso en el procedimiento de despido.

El recurso de casación pivota en este caso sobre el deber de información previa pero con ineludible vinculación con el principio de finalidad determinando en qué medida, de existir una infracción del mismo, se estaría vulnerando el derecho fundamental a la protección de datos personales. Y no se trata, de una elucubración del autor de este artículo, no estamos como en el caso del museo frente a una interpretación extensiva de un hecho de “legalidad ordinaria”, sino plenamente inmersos en la determinación sobre el modo en que opera el derecho fundamental en el plano de la videovigilancia empresarial. Así lo declara expresamente el Tribunal Supremo en los fundamentos de derecho:

« PRIMERO.-1.- La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si existe una vulneración empresarial de los derechos fundamentales del art. 18.4 CE (derecho a la protección de datos de carácter personal) provocada por la utilización de cámaras de video-vigilancia para sancionar a una trabajadora por el alegado incumplimiento de sus obligaciones laborales; vulneración que, en su caso, resultaría de la utilización no consentida ni previamente informada de las grabaciones de imagen para un fin, desconocido por la trabajadora afectada y distinto del expresamente señalado por la empresa al instalar el sistema con carácter permanente, de control de su actividad laboral; y con la consecuencia, conforme a la jurisprudencia constitucional y ordinaria, que de haberse producido tal vulneración y acordado la medida disciplinaria impugnada con base en una lesión del art. 18.4 CE , el despido debería calificarse necesariamente como nulo (entre otras, SSTC 88/1985 de 19 de julio , 134/1994 de 9 de mayo , 29/2013 de 11 de febrero )».

Resulta muy relevante que se invoque como sentencia de contraste una en cuya base se encuentra un supuesto idéntico con la diferencia de que en este caso la grabación de la cajera es intencional. Ya no estamos ante una cuestión ad casum, sino ante la necesidad de fijar un criterio de orden general. La pregunta a responder, expuesta en términos coloquiales, consiste en determinar la licitud del uso de imágenes con fines de control laboral cuando originalmente la finalidad informada fue distinta.

El Tribunal Supremo, amén de invocar los principios informadores básicos del derecho a la intimidad y del derecho fundamental a la protección de datos y de su relación con los controles laborales, sitúa el foco, en la jurisprudencia constitucional. Y lo hace de modo certero en la STC 98/2000, caso del Casino de la Toja, a fin de plantear el principio de proporcionalidad. No obstante, y con buen criterio, sitúa como referente directo de su análisis la STC 29/2013, caso Universidad de Sevilla. Esta sentencia la motiva el uso de imágenes captadas por videocámaras situadas en los accesos a edificios para verificar los horarios de entrada y salida de un funcionario con fines disciplinarios. El Tribunal Constitucional apuesta claramente con la consideración del deber de información como elemento integrante del contenido esencial del derecho fundamental y en tal sentido es recogido el planteamiento reproducido por el Tribunal Supremo:

«d) Se proclama, conforme a la jurisprudencia del Tribunal, ” como elemento caracterizador de la definición constitucional del art. 18.4 CE , de su núcleo esencial, el derecho del afectado a ser informado de quién posee los datos personales y con qué fin “, así como que ” Ese derecho de información opera también cuando existe habilitación legal para recabar los datos sin necesidad de consentimiento, pues es patente que una cosa es la necesidad o no de autorización del afectado y otra, diferente, el deber de informarle sobre su poseedor y el propósito del tratamiento. Es verdad que esa exigencia informativa no puede tenerse por absoluta, dado que cabe concebir limitaciones por razones constitucionalmente admisibles y legalmente previstas, pero no debe olvidarse que la Constitución ha querido que la ley, y sólo la ley, pueda fijar los límites a un derecho fundamental, exigiendo además que el recorte que experimenten sea necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental restringido ( SSTC 57/1994, de 28 de febrero …; 18/1999, de 22 de febrero …, y en relación con el derecho a la protección de datos personales, STC 292/2000 …) “.

e) Destaca que tal doctrina es plenamente aplicable en el ámbito de las relaciones laborales, señalando que ” no hay una habilitación legal expresa para esa omisión del derecho a la información sobre el tratamiento de datos personales en el ámbito de las relaciones laborales, y que tampoco podría situarse su fundamento en el interés empresarial de controlar la actividad laboral a través de sistemas sorpresivos o no informados de tratamiento de datos que aseguren la máxima eficacia en el propósito de vigilancia. Esa lógica fundada en la utilidad o conveniencia empresarial haría quebrar la efectividad del derecho fundamental, en su núcleo esencial. En efecto, se confundiría la legitimidad del fin (en este caso, la verificación del cumplimiento de las obligaciones laborales a través del tratamiento de datos, art. 20.3 LET en relación con el art. 6.2 LOPD ) con la constitucionalidad del acto (que exige ofrecer previamente la información necesaria, art. 5 LOPD), cuando lo cierto es que cabe proclamar la legitimidad de aquel propósito (incluso sin consentimiento del trabajador, art. 6.2 LOPD ) pero, del mismo modo, declarar que lesiona el art. 18.4 CE la utilización para llevarlo a cabo de medios encubiertos que niegan al trabajador la información exigible “; que es jurisprudencia reiterada que ” las facultades empresariales se encuentran limitadas por los derechos fundamentales (entre otras muchas, SSTC 98/2000 , de 10 de abril, … o 308/2000 , de 18 de diciembre …) “ y que ” no hay en el ámbito laboral … una razón que tolere la limitación del derecho de información que integra la cobertura ordinaria del derecho fundamental del art. 18.4 CE . Por tanto, no será suficiente que el tratamiento de datos resulte en principio lícito, por estar amparado por la Ley (arts. 6.2 LOPD y 20 LET), o que pueda resultar eventualmente, en el caso concreto de que se trate, proporcionado al fin perseguido; el control empresarial por esa vía, antes bien, aunque podrá producirse, deberá asegurar también la debida información previa”.

f) Concluyendo que ” En el caso enjuiciado, las cámaras de video-vigilancia instaladas en el recinto universitario reprodujeron la imagen del recurrente y permitieron el control de su jornada de trabajo; captaron, por tanto, su imagen, que constituye un dato de carácter personal, y se emplearon para el seguimiento del cumplimiento de su contrato. De los hechos probados se desprende que la persona jurídica titular del establecimiento donde se encuentran instaladas las videocámaras es la Universidad … y que ella fue quien utilizó al fin descrito las grabaciones, siendo la responsable del tratamiento de los datos sin haber informado al trabajador sobre esa utilidad de supervisión laboral asociada a las capturas de su imagen. Vulneró, de esa manera, el art. 18.4 CE “.»

Por otra parte, incluye el Tribunal Supremo un matiz procesal particularmente relevante para la conclusión de esta serie de artículos, ya que indica que es potestad y deber del juez ponderar los intereses en presencia y decidir sobre aquellas diligencias que afecten al derecho a la intimidad. En todo caso, el Tribunal Supremo concluye que en el caso concreto se usó la cámara para una finalidad diferente y que la visibilidad de las cámaras en ningún caso justifica tal uso. Y de nuevo hay una cuestión de matiz relevantísima que será retomada en el capítulo cuarto de esta serie:

«en el supuesto ahora analizado, las cámaras de grabación estaban instaladas en lugar en que se efectuaba la venta directa a los clientes coincidente con aquel en que se desarrollaba la prestación laboral, tampoco el mero hecho de la instalación y del conocimiento de la existencia de tales cámaras puede comportar la consecuencia de entender acreditado el que existiera evidencia de que podían utilizarse aquéllas para el control de la actividad laboral y para la imposición de sanciones disciplinarias por incumplimientos contractuales, puesto que expresamente, como hemos indicado, en el presente caso la representación empresarial, tras la instalación de la cámaras, comunicó a la representación de los trabajadores que la finalidad exclusiva era la de evitar robos por parte de clientes y que no se trataba de un sistema de vigilancia laboral».

En resumen, como bien se señala en voto particular, el Tribunal Supremo abandona el estándar de la STC 186/2000, y se alinea con el criterio original de la Agencia Española de Protección de Datos y la STC 29/2013. Y este criterio comienza a ser aplicado por los tribunales inferiores (vid. TSJ M 14536/2014).

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