Person of interest.

Con harta frecuencia, las películas y series de televisión se adelantan a la realidad. A veces la prefiguran directamente influyendo en las ideas de quienes la reinventarán. En la serie de la que este artículo toma prestado su título dos sistemas de inteligencia artificial, uno bueno (la máquina) y otro no tanto (Samaritano), viven un conflicto permanente entre dos modos de ver la seguridad. Ambas rastrean de modo sistemático internet, comunicaciones y sistemas de videovigilancia. La primera ofrece a sus acólitos “números” muy concretos, y a ellos compete investigar si la persona en peligro será víctima o agresor y garantizar la seguridad. Samaritano prefiere funcionar como una herramienta de control sistemático y total de unos humanos cuya libertad es sacrificable en el altar de la seguridad.

Hoy nos enfrentamos a una realidad que se nos presenta en blanco y negro, o seguridad o libertad, o con las personas de orden o con los libertarios, o con la democracia o con los terroristas. Sin embargo, la realidad suele expresarse en esta materia con una inmensa escala de grises. Las medidas que se apuntan son claras, y me temo que obvias para un experto que conozca la USA Patriot Act. Monitorear al máximo las comunicaciones y no admitir aquellas encriptadas, obtener una trazabilidad completa del mundo de las redes sociales, instaurar el rastreo de todos los usuarios de líneas aéreas (Passenger Names Record), expandir la videovigilancia y repensar el Sistema de Información de Schengen. Y no son sólo parecidas las medidas, también el contexto. En este ambiente social presentarse ante el público como un adalid de las libertades es tan sencillo, y maniqueo, como ser un paladín de la seguridad.

Resulta complicado renunciar a herramientas de investigación cuando hay muertos enfriándose. Y no valen las comparaciones, da lo mismo si se trata de uno en Europa por cada cincuenta en Oriente Medio. Para sus padres, hermanos, amigos e hijos cada pérdida es irreparable y el dolor se acrecienta si de algún modo se hubiera podido evitar. La situación resulta muy compleja, si a ello se suma un modelo de terrorismo basado en sujetos aislados, en ciudadanos nacionales previamente radicalizados a los que se incita al desarrollo de acciones que no requieren de demasiado entrenamiento o medios.

Pero por otra parte, también puede ser una barbaridad implantar el modelo “Samaritano” con un doble esfuerzo ordenado a incrementar las capacidades de obtener información al tiempo que se relajan los frenos y contrapesos que han definido nuestro sistema constitucional. Ahora más que nunca conviene recordar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: «Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución».

En este complejo entramado de problemas hay cuestiones sencillamente evidentes. Schengen con su modelo de colaboración, y Europol con sus ficheros de análisis no suplen todavía a un modelo de policía federal europea. Ofrecen una respuesta trasnacional a un espacio sin fronteras materialmente federal y por tanto difícilmente serán eficaces, sin una adecuada renuncia de soberanía, y sin la existencia de un modelo de policial federal.

Pero si en materia de obtención de información, y con cierta libertad de prejuicios se atiende a cuestiones de orden práctico, la cuestión central estriba en cómo resolver la compleja ecuación de facilitar la labor policial garantizando las libertades. Y ello en un escenario en el que no parece preocuparnos en absoluto que existan herramientas que respondan a objetivos del tipo “ser capaz de ofrecer productos personalizados a clientes futuros en función de análisis comportamentales en redes sociales”. El análisis comportamental, ya existe, la individualización de targets se utiliza y a algunos, como los que compramos libros online a una conocida marca, incluso nos puede resultar interesante. Una monitorización global del mundo online y las comunicaciones no resulta ni jurídica, ni política ni materialmente defendible. Pero, hay que preguntarse qué sucedería en un escenario que siga el modelo de la “máquina”. ¿Tenemos la posibilidad de confiar en modelos predictivos que hagan saltar alarmas en focos de radicalización? ¿Sería posible que esa trazabilidad se realizase desde cajas negras no accesibles salvo cuando se genere una alerta y siempre de la mano de un juez? Si no hay una respuesta afirmativa, tal vez nuestro trabajo sería buscarla.

Una vez situados los objetivos tecnológicos en un plano de razonabilidad en términos de garantía de respeto de los derechos fundamentales por el código, que diría Lessig, habría que plantearse los frenos y contrapesos. En mi opinión, el margen que deja al legislador la Constitución cuando se habla de comunicaciones es realmente bajo y conduce siempre al control judicial salvo que se quiera vivir en un permanente estado de excepción. En todo caso, cuando de lo que se trate sea de obtener datos personales de todo tipo por medios tecnológicos podría ser conveniente integrar algunas garantías jurídicas en nuestro sistema.

Estas acciones deberían documentarse con carácter general y previo, -incluido un privacy impact assessment obligatorio-, de modo que fueran verificables por terceros. Obviamente los casos concretos, aquellos que tras saltar la alarma se investiguen, deberían ser objeto de supervisión judicial. En el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberían existir garantes internos en esta materia, llámense o no data protection officers. Los cuerpos policiales podrían, o incluso deberían, realizar un informe anual de actividad susceptible de ser controlado por una la Comisión de Interior del Congreso, por el Defensor del Pueblo y por la Agencia Española de Protección de Datos. Y ello sin perjuicio de la tutela administrativa o judicial de los derechos de las personas.

Si finalmente, nuestros representantes políticos dieran ese salto al vacío, si caminásemos hacia una sociedad vigilada en nombre de la democracia, tal decisión debería tomarse de modo muy meditado en los planos tecnológico o jurídico y poniendo el acento en las garantías. Cualquier otra opción podría ser peligrosa para la misma libertad que todos deseamos defender.