Salud y medios de comunicación (I). El caso ébola.

La publicación de noticias sobre el contagio de ébola ha suscitado el debate no sólo político sino también ético y jurídico en esta materia. Poco antes del inicio de la crisis tuvimos la oportunidad de debatir la cuestión en la Facultad de Derecho de la Universitat de València en la “Jornada sobre Medios de Comunicación. Protección de la Intimidad e Imagen” en la entre otras cuestiones abordamos el cumplimiento normativo por parte de los medios.

La cuestión ha sido abordada por Noemí Brito en un artículo titulado Periodismo y privacidad deben confluir, pero ¿con qué bases normativas contamos en España?, cuya y ayuda inspira parte de este texto y se agradece encarecidamente. Se trata de un trabajo de lectura obligada en la medida en la que nos sitúa perfectamente en el contexto español citando precedentes muy valiosos, intentos fallidos de definir un estatuto para el periodista. El panorama descrito por Brito que aquí se trata de complementar describe un conjunto de características que definen el caso español.

1) Un régimen jurídico que no se ha desarrollado, pese a intentos fallidos, desde la dictadura franquista.

2) La ausencia de trasposición de la Directiva 95/46//CE en esta materia.

3) La presencia constante que de situaciones en las que se llega al límite, por ejemplo publicando fotografías de una enferma de ébola.

El caso de referencia nos sitúa en un territorio contiguo a la protección de datos personales, el derecho a la propia imagen. En efecto, reiterada jurisprudencia ha señalado cómo la captación de una imagen puede repercutir de manera independiente en este derecho y, en función de la información que contenga en el derecho a la intimidad, en la intimidad personal y familiar (Casos Paquirri, -STC 231/1988, y otros) y en el derecho al honor. Puesto que recoger y editar una imagen constituye sin duda un tratamiento cabe considerar también el impacto en el derecho fundamental a la protección de datos. Cabe por tanto abordar la cuestión tanto desde el punto de vista estricto del conflicto tradicional entre el derecho a la información y los derechos del artículo 18.1 CE, como desde la perspectiva de la protección de datos personales.

En este plano, resulta sobradamente conocida la postura del Tribunal Constitucional en los casos de conflicto entre el derecho a la información o la libertad de expresión y el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar. El Alto Tribunal ha atribuido a las dos primeras una posición preferente en la medida en que constituyen una garantía para la conformación de la opinión pública así como para el funcionamiento del sistema democrático Criterio por otra parte expresado habitualmente por el Tribunal Europeo de Derechos en términos de necesidad social imperiosa. Asimismo, bien conocida es la metodología del alto Tribunal consistente en ponderar los derechos en presencia y enjuiciarlos a la luz de este carácter preferente a condición de que la información sea veraz, entendida dicha veracidad en términos de diligencia en la comprobación de los hechos, y relevante para el interés general.

Por otra parte, tanto la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como la del Tribunal Constitucional han abordado los aspectos espaciales o geográficos de intimidad y propia imagen. Así, el primero en el caso VON HANNOVER v. GERMANY y el segundo en las en la SSTC 176/2013, caso Álvarez Cascos, o   7/2014 y 19/2014, en ambos casos en relación con actrices famosas. En todos ellos los tribunales citados han considerados lesivos para la vida privada o la intimidad la captación de imágenes de personas famosas en lugares públicos pero realizando actividades propias de su vida privada.

En materia de salud el criterio viene fijado de antiguo, la STC 20/1992 el Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la trascendencia de las informaciones que afectan a la salud y a la vida sexual de las personas en un caso particularmente significativo. Se trata de la divulgación de una información sobre un arquitecto que padece SIDA en la que se sugiere, una convivencia homosexual. Ante esta situación, el Alto Tribunal apuesta claramente por una protección a ultranza de este aspecto de la vida privada:

«La intimidad personal y familiar es, en suma, un bien que tiene la condición de derecho fundamental (art. 18.1 de la Constitución) y sin el cual no es realizable, ni concebible siquiera, la existencia en dignidad que a todos quiere asegurar la norma fundamental (art. 10.1). Y aunque no todo alegato en defensa de lo que se diga vida privada será, como la legislación y nuestra jurisprudencia muestran, merecedor de tal aprecio y protección, sí es preciso reiterar ahora que la preservación de ese reducto de inmunidad sólo puede ceder, cuando del derecho a la información se trata, si lo difundido afecta, por su objeto y por su valor, al ámbito de lo público, no coincidente, claro es, con aquello que pueda suscitar o despertar, meramente, la curiosidad ajena. » (FJ núm 3).

Mas adelante, en la STC 232/1993, el Tribunal Constitucional analiza el caso de la divulgación de unas informaciones en Cambio 16 bajo el titular «El prepucio del marqués» en las que se aludía a ciertas prácticas realizadas por el administrador del asesinado Marqués de Urquijo consistentes en lavar a diario el órgano citado en el titular. El artículo se publicó con motivo de la presentación de un libro en el que tales prácticas eran descritas y el Tribunal Constitucional consideró que esta información pertenecía al ámbito tutelado por la intimidad:

«Ahora bien, la noticia no sólo daba cuenta de un dato tan indiscutiblemente íntimo como es el padecimiento de una concreta enfermedad, sino también de los cuidados que para su alivio y tratamiento le procuraba al Marqués de Urquijo su administrador, (…), de manera que si, por un lado, la divulgación de la enfermedad perjudicaba a la intimidad del primero, la noticia de las atenciones dispensadas por el segundo lesionaba, indiscutiblemente, su honor y reputación social en tanto expresiva de una actitud considerada como servil y deshonrosa, impropia de los cometidos de su profesión específica de administrador, sometido a una relación de dependencia laboral con la persona objeto de aquellos cuidados» (FJ núm. 2).

Para acabar de definir el criterio al caso es conveniente atender a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad que entre otros derechos garantiza al paciente el respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, y a la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema público.

Estas cuestiones han sido específicamente recogidas por el Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de periodistas de España (FAPE). Su principio Cuarto estable dos principios esenciales:

«b) En el tratamiento informativo de los asuntos en que medien elementos de dolor o aflicción en las personas afectadas, el periodista evitará la intromisión gratuita y las especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y circunstancias.

c) Las restricciones sobre intromisiones en la intimidad deberán observarse con especial cuidado cuando se trate de personas ingresadas en Centros hospitalarios o en instituciones similares»

Parece clara cual deba ser la traslación de estos planteamientos a la publicación de información sobre el caso de ébola. Baste con observar lo sucedido en Estados Unidos donde se mantiene el anonimato. Es evidente que existe un conjunto de informaciones relevantes, cómo se contagió, cómo se desarrolló su vida diaria o por qué no fue inmediatamente atendida. Pero la información sobre su identidad, la presencia de médicos en la calle facilitando información incluso clínica, y por último la publicación de fotografías desbordan con mucho los límites jurídicos y sobre todo éticos.

Pónganse Vds. en la piel de la enferma en un pequeño detalle. Vd. está grave, puede que muera, su única visión más allá del enjambre de tubos y máquinas es la luz del sol que entra por la ventana y las ramas de los árboles frente a su ventana. Pero hay que bajar la persiana, un desaprensivo alquiló una ventana en el edificio de enfrente y también le robó el paisaje. ¿Cabe pensar en mayor indigna falta de humanidad?