¿El derecho a saber?

Celebremos el Día Internacional del derecho saber, pero hagámoslo desde la reflexión y la responsabilidad. Es un momento para el impulso, para la ilusión y para una apuesta firme y decidida por comprometer a la ciudadanía con este derecho. Sin embargo, debemos hacerlo desde un análisis racional de la realidad, desde el conocimiento material sobre cómo están las cosas. La esperanza no debe confundirse con la realidad, y la ilusión no debe cegarnos. Ello exige ser autocríticos, reflexionar profundamente sobre cómo deberíamos dar el siguiente paso, y apretar los dientes trabajando duro para lograrlo.

Debemos reconocer un hecho evidente, en España llegamos tarde a la transparencia y de la mano de la corrupción. La ley básica estatal vigente es el segundo intento tras el fracaso en la legislatura de 2008 de la primera propuesta de ley. Se trata de norma de mínimos, que nace con una estructura de tutela a través de una autoridad independiente formalmente que está ganando una legitimidad de ejercicio. Pero su configuración normativa no se pensó precisamente para convertir al organismo en una autoridad de control en sentido fuerte. Se trata de una norma cuyos límites permiten una cierta discrecionalidad a la administración. Baste citar la importancia estructural que se concede al derecho fundamental a la protección de datos, casi mejor definido en la Ley que el propio derecho de acceso a la información. O como los límites al acceso basados en conceptos jurídicos indeterminados como los que se refieren al ejercicio abusivo del acceso a la información, al concepto de reelaboración, o a la información accesoria, son puertas abiertas para que los burócratas de turno puedan denegar el derecho de acceso.

En la Comunidad Autónoma Valenciana la legislación nace en un contexto particularmente delicado en lo político. De algún modo pretende parchear y blanquear la imagen pública del ejecutivo fijando una serie de objetivos difícilmente alcanzable a corto plazo por las pequeñas administraciones. La norma se plantea como reacción y remedio frente a la situación anterior. Sin embargo, en el período inmediatamente posterior a su publicación la inversión en la materia, el esfuerzo de apoyo, en esencia todo aquello que podía hacer realidad la ley no fue precisamente encomiable.

Por otra parte, lejos de inspirarse en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ahora con valor normativo, las exposiciones de motivos de la legislación sobre transparencia estatal y valenciana orbitan del artículo 105.b) de la Constitución. Una norma que fue pensada para otra cosa, muy avanzada a su tiempo, pero profundamente retrógrada si pretende aplicarse casi 40 años después. Es una obviedad, y no vamos a profundizar en ello, el hecho de que sin duda el verdadero derecho a saber encuentra su residencia en el artículo 20 de la Constitución, -el derecho a la información-, y en el artículo 23 en tanto que instrumento para aquilatar la responsabilidad de los que ejerzan cargos públicos frente por el electorado.

Porque el verdadero derecho saber, consiste en el derecho a conocer cómo nos gobiernan, quienes son en cuanto a capacidades y formación los que nos gobiernan, qué decisiones toman, y cómo repercute ello en la estructura de gasto y de funcionamiento ordinario de las instituciones. El verdadero derecho saber, es aquel que confía en que la existencia de una opinión pública libre es el mejor antídoto para la degeneración que las democracias representativas occidentales vienen sufriendo en los últimos 30 años. El verdadero derecho saber, es el instrumento que debería permitir una adecuada rendición de cuentas. No sólo eso, el derecho saber debería ser en uno de los elementos que permiten empoderar a la ciudadanía, la creación de la conciencia social crítica que sienta las instituciones públicas como algo propio.

Porque precisamente de eso se trata de determinar qué sabe la ciudadanía. En las intervenciones públicas de muchas personas, -responsables, académicos, políticos-, es una constante afirmar que la ciudadanía en lo que se interesa es conocer el sueldo de los cargos públicos. Me parece sorprendente que esta anécdota se exhiba en cualquier evento en esta materia, incluso se plantee con un cierto tono agrio o cuando menos triste. Es como decir a la ciudadanía que tememos que sólo se interese por el cotilleo. Pues bien, esto es lo natural, la antropología demuestra que el cotilleo constituye una herramienta esencial para la supervivencia en las sociedades primitivas y que por tanto de algún modo se encuentra en nuestro ADN cultural. Y ni siquiera puede calificarse como cotilleo insano, ¿qué tiene de irrazonable pretender conocer cuáles son los ingresos de un cargo público en relación con la media de los ingresos de la ciudadanía?

Por otra parte, esta anécdota ilustra algo particularmente grave. No basta con constatar que el interés de la ciudadanía en los portales de transparencia es limitado, es fundamental hacer algo a partir de ello. No sirve la excusa fácil: si lo hemos intentado pero fíjate sólo miran nuestro sueldo. Porque la cuestión es cómo concibe el ciudadano esta materia. ¿Realmente considera que las instituciones son algo propio o mantiene con ellas exactamente la misma relación que con cualquier otro prestador de servicios? Aquí está el núcleo de la cuestión, el interés que despierta la publicidad activa mantiene una relación directamente proporcional con el tipo de percepción que el ciudadano tiene de las administraciones. La relación es de ajenidad, es como si el ayuntamiento no fuera cosa nuestra, como si limpiar las calles en lugar de ser un compromiso ciudadano una manifestación urbanidad fuese una mera prestación debida.

Es posible que en el día internacional del derecho saber debamos preguntarnos algo más: hacia dónde vamos. Disponemos de la legislación, existe un entorno social emergente de activismo ciudadano que viene empujando fuerte. Y hemos creado aunque sea de modo embrionario de las primeras infraestructuras destinadas a facilitar el derecho saber.

Sin embargo, queda mucho camino por recorrer. Es fundamental, que desde las instituciones públicas los gestores políticos no conciban el derecho a saber como el enemigo, como ataques personales o con fiscalizaciones indebidas de su gestión. Esto no sucede en el desempeño profesional habitual en la mayor parte de entidades públicas o privadas. Los gestores toman decisiones y son fiscalizadas por la junta de accionistas, a veces directamente por los clientes cuando dejan de comprar un determinado producto o presentan quejas. Y esto debe ser vivido con normalidad también por parte de la Administración.

Es hora de trabajar para comprometer aquellos que desempeñan su labor profesional en la función pública, que deben entender que su servicio se presta la ciudadanía a la que se deben. Por otra parte el ejercicio de la transparencia no sólo constituye un deber jurídico o un compromiso profesional, sino que egoístamente nos beneficia por cuanto permite exhibir de modo claro el nivel de desempeño, el esfuerzo, permite que la ciudadanía conciba la función pública de un modo distinto.

Y este es el último elemento, debemos comprometer la ciudadanía con las instituciones, la trasparencia carece de sentido sin un compromiso previo. La trasparencia posee una naturaleza claramente instrumental debe servir para algo. Si la ciudadanía carece del deseo de ejercer un mínimo control sobre la actuación de las decisiones públicas, si no tiene la oportunidad de participar en la decisión de esas instituciones, si no puede exigir más de lo que puede pedir a su compañía telefónica e incluso menos difícilmente estará interesada en la trasparencia.

Por último hay que considerar también una apuesta por el cambio estructural. Por ordenar las instituciones de modo que puedan construirse de modo transparente, por interpretar la accesibilidad de la información no como una mera accesibilidad técnica sino también como comprensibilidad, de cambiar de piel y ponerse en la del ciudadano y concebir todos los procesos de gestión, administración, y como consecuencia también la transparencia, desde la perspectiva del usuario y no desde el mero y cómodo cumplimiento normativo