Una vuelta de tuerca a la videovigilancia: el Proyecto de Ley de Seguridad Privada.


Ricard Martínez Martínez

 

La regulación de la videovigilancia  en España se ha caracterizado por dos particularidades: la dispersión normativa y un abordaje si no errático al menos cambiante en una línea que parece conducir al hágaselo Vd. mismo.

En principio, en el ámbito de la seguridad privada esta materia se encontraba regulada por la Ley 23/1992 de 30 de julio y el Reglamento de Seguridad Privada, en el cual por ejemplo es posible encontrar una referencia específica al uso de videocámaras en su artículo 120.1, cuando establece que la entidades bancarias dispondrán de equipos o sistemas de captación y registro, con capacidad para obtener las imágenes de los autores de delitos contra las personas y contra la propiedad, cometidos en los establecimientos y oficinas, que permitan la posterior identificación de aquéllos, y que habrán de funcionar durante el horario de atención al público, sin que requieran la intervención inmediata de los empleados de la entidad.

Con la llegada de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos,  el legislador optó por establecer en la disposición adicional novena una habilitación al Gobierno para que en el plazo de un año elaborase «la normativa correspondiente para adaptar los principios inspiradores de la presente ley al ámbito de la seguridad privada». No obstante la voluntad que expresa esta disposición de atender al uso de videocámaras con fines de vigilancia por parte de los sujetos privados, hubiera sido deseable una declaración expresa que ampliase la esfera de aplicación de la ley directamente a éste ámbito. Por otra parte, el artículo 2.1 de la propia Ley Orgánica 4/1997 establece el carácter supletorio de la LORTAD en todo lo relativo al tratamiento automatizado de las imágenes y sonidos.

Existe adicionalmente un desarrollo menor consistente en la extensión del régimen de la Ley Orgánica 4/1997 a las videocámaras fijas y móviles empleadas en circuitos cerrados de televisión empleados en espectáculos deportivos por el artículo 1 de la Orden de 22 de diciembre de 1998 por la que se regulan las Unidades de Control organizativo para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos.

A ello cabe sumar normas adicionales.  Así, y en primer lugar, conviene no perder de vista lo dispuesto por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen que limita las condiciones de captación de imágenes. Y tampoco debe olvidarse la existencia de sectores particularmente concernidos como el de la legislación laboral en el que se dan supuestos de captación de imágenes  como  consecuencia del ejercicio de las facultades de control empresarial que derivan de lo dispuesto por el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores.

Por otra parte, la evolución normativa en esta materia ha pasado de un contexto en el que contar con una empresa de seguridad parecía imprescindible a un escenario radicalmente diverso. Inicialmente el artículo 2.2 de la Instrucción incluyó una remisión normativa cuyo objeto era evidente:

«2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior la instalación de cámaras y videocámaras deberá respetar en todo caso los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia».

Uno de los requisitos derivados de esta legislación fue que la instalación de un sistema de videovigilancia exigía la intervención de una empresa de seguridad. Sin embargo la entrada en vigor de la Ley 25/2009, de 27 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios, modificó el criterio mantenido por la Agencia Española de Protección de Datos, en relación con el tratamiento de las imágenes a través de sistemas de videovigilancia por razones de seguridad.

Este criterio se basaba en que el tratamiento de imágenes por razones de seguridad se encontraba amparado por el artículo 5.1 e) de la Ley de Seguridad Privada, que hasta la entrada en vigor de la 25/2009 tenía la siguiente redacción:

«Con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley y en las normas reglamentarias que la desarrollen, las empresas de seguridad únicamente podrán prestar o desarrollar los siguientes servicios y actividades (…) Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad».

La interpretación de este artículo junto con el Reglamento de Seguridad Privada, exigía que para que el tratamiento de imágenes con fines de seguridad fuese legítimo, era necesario que la instalación la efectuase una empresa de seguridad debidamente autorizada por el Ministerio del Interior y que previamente hubiese cumplido los requisitos legalmente establecidos.

La Ley 25/2009 modificó el precepto delimitando en la Disposición adicional sexta de la Ley de Seguridad Privada su significado:

«Disposición adicional sexta. Exclusión de las empresas relacionadas con equipos técnicos de seguridad.

Los prestadores de servicios o las filiales de las empresas de seguridad privada que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad, siempre que no incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales de alarma, quedan excluidos de la legislación de seguridad privada siempre y cuando no se dediquen a ninguno de los otros fines definidos en el artículo 5, sin perjuicio de otras legislaciones específicas que pudieran resultarles de aplicación».

Esta modificación, en opinión de la Agencia  afectaba de manera significativa a la legitimación para el tratamiento de las imágenes por razones de seguridad. Puesto que tras la reforma se permite a cualquier empresa o particular instalar o mantener equipos técnicos de seguridad salvo los conectados a centrales de alarma,  se entiende que existe legitimación con la mera invocación de la finalidad “seguridad” sin necesidad de acudir a empresas de seguridad privada. No se dará la misma circunstancia cuando el sistema esté conectado a una central de alarmas.

Se trata de una interpretación arriesgada cuyos efecto respecto de la tutela del derecho fundamental a la protección de datos personales puede ocasionar serias repercusiones.  Quien instale los sistemas puede carecer de importancia. Sin embargo quien decida qué registran, cómo lo hacen y bajo qué condiciones y finalidades se usan esos datos posee una importancia central. Y esta materia la regula la Ley de Seguridad Privada, ni cualquiera puede operar en este mercado, ni cualquiera puede desarrollar el ejercicio de las funciones de seguridad privada para las que se exige una cierta cualificación profesional.

A lo largo de este periodo se ha producido una sorda confrontación entre los criterios del sector y la doctrina de la Agencia Española de Protección de Datos. El Anteproyecto, ya Proyecto de Ley de Seguridad Privada parece abordar esta cuestión. En primer lugar, el artículo 6 mantiene las previsiones de la Ley Ómnibus,  y con ello la liberalización de la fabricación, comercialización, venta o entrega de equipos técnicos de seguridad electrónica, así como la instalación o mantenimiento de dichos equipos siempre que no incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales de alarma o centros de control o de videovigilancia. Por otra parte, el párrafo segundo la norma incluye exclusiones adicionales del ámbito de aplicación de la futura Ley:

«4. Los prestadores de servicios y las filiales de empresas de seguridad privada que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad, siempre que no incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales de alarmas o con centros de control o de videovigilancia, quedan excluidos de la legislación de seguridad privada.

5. Las empresas de seguridad privada que se dediquen a la instalación o mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad que no incluyan la conexión a centrales de alarma o a centros de control o de videovigilancia, sólo están sometidas a la normativa de seguridad privada en lo que se refiere a las actividades y servicios de seguridad privada para las que se encontrasen autorizadas».

Sin embargo, el artículo 42.1 parece apuntar en la tesis aquí defendida respecto de la diferencia entre la instalación y la prestación del servicio.

«Artículo 42. Servicios de videovigilancia.

1. Los servicios de videovigilancia, a cargo de vigilantes de seguridad o, en su caso, de guardas rurales, consisten en la vigilancia de seguridad, a través de un sistema de videocámaras, fijas o móviles, con la exclusiva finalidad de protección de personas o bienes».

A la vista de la dicción literal del precepto la cuestión determinante será establecer si el hecho de referirse a la existencia de «servicios de videovigilancia, a cargo de vigilantes de seguridad o, en su caso, de guardas rurales», dota de exclusividad al servicio o constituye una posibilidad de prestación.  Sería deseable que en su tramitación se defina de modo muy preciso este aspecto. De hecho, la regulación podría caminar en la misma dirección que en otros sectores y convertir a las empresas de seguridad en responsables del tratamiento.