Partidos políticos, datos personales y campaña electoral

(56) Si, en el marco de actividades electorales, el funcionamiento del sistema democrático exige en un Estado miembro que los partidos políticos recopilen datos personales sobre las opiniones políticas de las personas, puede autorizarse el tratamiento de estos datos por razones de interés público, siempre que se ofrezcan garantías adecuadas.
Reglamento (UE) 2016/679

El nuevo artículo 58 BIS de la LOREG ha desatado una polvareda monumental. Ciertamente la dicción literal de alguno de sus párrafos puede no resultar clara. Sin embargo, corresponde a los profesionales realizar un juicio ponderado basado en el correcto entendimiento de los objetivos de la norma, su sentido real y su incardinación en el conjunto de nuestro Ordenamiento. En este ámbito el ejercicio habitual de análisis centrado en una visión de túnel no integrador, las opiniones del tipo “es legal” y acudir al marco comparado, no siempre resultan un esfuerzo provechoso.

Primero, al menos esta es mi metodología, creo que es conveniente analizar los hechos. Y la realidad es tozuda, es muy probable que esta nueva norma más que abrir el campo discipline lo que ya está sucediendo. Brevemente:

1.-Vd. y yo querido elector hemos recibido desde que mi memoria recuerda el suficiente papel electoral como para pagarnos una buena comida vendido al peso. Y que recuerde sin posibilidad de oposición. Es más, no recuerdo yo mucha ruido mediático-bloguero ni con la gama de colores de las papeletas. Ni tampoco cuando quien esto escribe se preguntó sobre los tratamientos de los interventores anotando quién va o no va a con un más que discutible punteo de censos.

2.-Nadie dude sobre el uso de mensajerías privadas con fines políticos. Aquí ya se sabe hay partidos muy de Telegram y otros muy de WhatsApp.

3.-Creo que a nadie sorprende la compra de publicidad electoral en medios sociales basada en profiling. Y que pocos discuten su legalidad mientras sea exactamente eso “publicidad”. Pero, lo que es evidente es que el medio social perfila traza, verifica y atribuye una ideología a los usuarios para editar el anuncio.

¿Hace falta seguir?

Así que la cuestión es considerar hasta qué punto la regulación que será poco afortunada, pero que podría “salir”, admite una interpretación garantista y constituye una limitación constitucionalmente admisible de un derecho fundamental. Al respecto, es muy común en nuestro mundo invocar el argumento de autoridad: pues lo ha dicho la autoridad de tal o cual país y el EDPS. Y es cierto, pero creo que al respecto hay que recordar una cuestión de matiz, leve pero relevante. Las autoridades de protección de datos no legislan. Se quiera o no, la competencia no es de las autoridades es del legislativo. Y lo que digan en Italia, Gran Bretaña o Letonia dependerá obviamente del marco constitucional interno y de factores no necesariamente comparables.

Desde un punto de vista interno nacional el artículo 58 se caracteriza por los siguientes elementos:

1.-Su rúbrica y contenido ciñen temporalmente el tratamiento a actividades y procesos electorales. Es decir, no incorporan una habilitación general para el tratamiento de datos ideológicos de las personas.

2.-Exigen garantías adecuadas. Y en el marco de la norma, del Reglamento (UE) 2016/679 estas suponen por ejemplo el análisis de riesgos o incluso la evaluación de impacto en la protección de datos, entre otras.

3.-Las fuentes de datos son públicas. Esta es la parte complicada, pero no alcanzan ni mensajerías privadas ni muros cerrados en redes sociales. Por cierto, seguramente alguno defenderá para sus clientes empresariales que el interés legítimo en la mercadotecnia directa puede justificar tratamientos similares.

4.-Se habilita el uso de medios electrónicos para el envío de propaganda electoral, pero si incluyen dos cautelas:

a.- identificarán de modo destacado su naturaleza electoral,

b.-y con carácter general se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición.

5.-Y no menos relevante, en ningún caso se emplea la posibilidad que ofrece el artículo 23 RGPD de excepcionar derechos.

Así que la cuestión es que esta norma impone deberes muy gravosos a los partidos políticos antes de haber tratado un solo dato, mantiene todas las garantías del RGPD intactas, y acota de modo muy preciso su ámbito de aplicación/finalidad a la propia electoral.

Y, acabamos. Cuando asesoremos a un partido recordemos el artículo 16 de la Constitución que limita las posibilidades de afectar a la dimensión negativa de la libertad ideológica. Y de camino, consideremos el valor constitucional que tiene la difusión de ideas políticas para conformar una opinión política libre en una sociedad democrática.

Otra lectura, un tanto menos alarmista es posible y no lo olviden, los partidos no están en la lista del artículo 77.1 si cometen un error pasarán por caja.