Una propuesta sobre el artículo 58 bis.

A lo largo de distintas conversaciones con colegas de muy distinta adscripción profesional ha surgido una reflexión altamente productiva. De la confrontación de criterios diversos e incluso contradictorios ha surgido una conclusión. Tanto quienes pensamos que la norma no habilita para la elaboración de perfiles ideológicos, como para los que creen que este es un riesgo evidente o probable, se hace necesario diseñar una estrategia.

Obviamente, hay una que resulta evidente: discutir su constitucionalidad. Y ésta es sin duda una decisión al alcance de los partidos políticos o entre otros, del Defensor del Pueblo. Otra opción, posible, partiendo del criterio fijado por la Agencia Española de Protección de Datos sería definir qué garantías adecuadas, qué procesos deben seguirse.

Aquí va una lista, en absoluto cerrada:

1.-Impulsar un Código de Conducta de los Partidos Políticos Españoles.

2.-Obligatoriedad de desarrollar una evaluación de impacto relativa a la protección de datos que fije como límite infranqueable la revelación no consentida de la propia ideología.

Debe considerarse la necesidad de que dicha evaluación de impacto relativa a la protección de datos sea también realizada por las compañías que ofrezcan servicios de marketing electoral que inserten publicidad mediante técnicas de profiling.

Habida cuenta de la sensibilidad de esta materia, las EIP deberían realizarse con una antelación suficiente como para prever la existencia de un deber de notificación previa.

3.-Asegurar el principio de transparencia por capas en las actividades electorales en campaña, y antes o después:

a.-Presencia de información adecuada en todos los perfiles sociales o en la descripción del grupo de mensajería, completada con información clara y extendida en espacios en red y/o websites oficiales.

b.-Diseño de procesos, por ejemplo, mensajes informativos iniciales, que faciliten el derecho de oposición antes de haber recibido el primer mensaje con contenido electoral.

c.-Reiteración sistemática y secuencial de la información en espacios como WhatsApp o Telegram.

4.-El modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición debe basarse en un “clic” o en una respuesta sencilla.

5.-El registro de actividades del tratamiento de los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones debería documentar de modo específico los tratamientos regulados en el artículo 58 BIS asegurando la trazabilidad de los procedimientos utilizados y la identificación de todas las personas relacionadas con los mismos indicando las funciones y responsabilidades que les correspondan.

6.- Los partidos deberían distinguir netamente los tratamientos realizados al amparo del artículo 58 Bis de aquellos que se mantengan en el tiempo en relación con afiliados, simpatizantes o personas interesadas. Estos últimos tratamientos solo podrían tener como base el consentimiento explícito.

7.-Deben definirse procesos de cancelación+bloqueo en los tratamientos vinculados a una campaña electoral que resulten verificables.

8.-Considerar como debe o puede funcionar el derecho de oposición frente a las propias plataformas.

Sin embargo, y adicionalmente existen cuestiones que convienen tener en cuenta y que tal vez no encuentren plena solución en el marco vigente. Hay algunos que no son nuevos: los arrastramos desde finales de los 90:

1.-La posibilidad de incluir en la información censal datos que faciliten el desarrollo de campañas por medios electrónicos de modo que la Junta Electoral pueda velar por su legalidad y por la igualdad de armas. En este sentido, es perfectamente viable el uso de listas y herramientas automatizadas para el envío de información electoral sin acceso a datos.

2.-Los criterios específicos que deben fijarse para campañas de propaganda electoral basada en procedimientos en entornos online, redes sociales o equivalentes mediante los sistemas de marketing usuales en estos medios que tienden a precisar las dianas de las campañas.