Derecho, docencia online y cumplimiento normativo.

Este trabajo tiene su origen en la publicación  en LegalToday  de «El impacto de las tecnologías de la información en la docencia del Derecho»

La docencia universitaria es una actividad reglada, sometida a un universo normativo particularmente amplio. En este sentido, toda la actividad docente, desde el diseño y aprobación del plan de estudios hasta el proceso de revisión de la nota finalmente asignada, ha sido regulada por disposiciones estatales, autonómicas y reglamentaciones de las propias universidades. La docencia online no es una excepción.

Es evidente que en las aulas virtuales y los repositorios de documentación universitaria lo último que lee un usuario, como en las redes sociales, de hecho probablemente aquello que nunca va a leer, son los términos y condiciones legales. Y sin embargo estas existen. Al margen de las normas de disciplina que rijan la conducta de estudiantes y profesores puede identificarse un núcleo normativo que rige el tratamiento de la información de todo tipo. Me refiero esencialmente a las normas que regulan la propiedad intelectual y las que se dedican al tratamiento de la información personal.

Las primeras plantean dos tipos de cuestiones. Por una parte resulta extraordinariamente sencillo “subir información” de todo tipo. En este sentido, ¿por qué no digitalizar artículos, o textos, o tomarlos de sitios en los que éstos se hallen y subirlos al aula? Resulta fundamental por ello ajustar la conducta a lo legalmente viable o de lo contrario el no tan viejo conflicto de las fotocopiadoras se trasladará a los entornos virtuales.

Sin embargo, existe un ámbito bastante más problemático relacionado con las tareas del estudiante. En un mundo virtual los recursos de los que éste dispone son infinitos y no resulta extraña la presentación de trabajos enriquecidos con imágenes y recursos obtenidos en internet. Resulta fundamental advertir y formarles desde el primer a fin de ordenar su actividad de modo adecuado. Por otra parte, cada vez resulta menos infrecuente que el trabajo requerido comporte la realización de pequeñas tareas investigadoras, y o aportaciones creadoras. Y éste es sin duda es un terreno pantanoso a la hora de definir los términos que rigen la relación profesor-estudiante en materia de derechos y obligaciones. Particularmente complejo será aquello que atañe a la reutilización de la información ya que puede suponer no sólo una apropiación de un material en la que sin duda la aportación del profesor habrá sido fundamental, pero la creación de facto corresponde al estudiante, sino también por el impacto en el prestigio futuro del propio estudiante. Imaginemos que se plantea grabar un videocurriculum, o simular una vista oral, ¿qué impacto tendría su visionado en un espacio abierto de internet? ¿Y su uso en cursos futuros sea como muestra de buena práctica, pero sobre todo de cómo no hay que hacer las cosas?

El segundo gran bloque es el que se refiere al uso de los datos personales de los estudiantes. En mi experiencia existe en este ámbito un problema relativamente menor, el que afecta a la imagen en el aula virtual, y en parte también a su dirección electrónica. En esencia la cuestión reside en la obligatoriedad o no de la fotografía y su solución resulta esencialmente tecnológica. No es en absoluto discutible que se pueda obligar a cargar en el sistema una fotografía por razones académicas, lo determinante será “cómo” y “donde se muestre”. El estudiante debe poder decidir si su imagen se muestra o no en entornos abiertos de comunidad y deberá soportar su edición en el espacio del aula y su uso por el profesor como referente visual que le identifica, salvo que alegare motivos fundados y prevalentes basados en una situación personal que afecte a sus derechos.

La segunda cuestión que afecta a esta materia es la relativa a la publicación de notas. La prohibición a ultranza de esta práctica por la Agencia Española de Protección de Datos fue superada mediante reforma de la Ley Orgánica de Universidades. Hoy no existe ninguna duda, las notas son públicas, la publicidad es un valor fundamental para la transparencia de la acción del profesor y un método eficaz de verificación y control para el estudiante. Y la LOMLOU se refiere a la publicación no estableciendo el modo o el lugar. Sin embargo, en un entorno virtual se plantean un problema de proporcionalidad y otro directamente relacionado de visibilidad o disponibilidad. Resulta necesario disponer de herramientas específicas de notificación, incluso recurrir a los tablones electrónicos previstos por la Ley de Administración Electrónico, y sobre todo informar a quienes consultan las notas respecto de la finalidad de la publicación y de la prohibición de divulgar esta información en medios abiertos.

El tercer y último problema relevante deriva del propio avance tecnológico. La docencia virtual permite el trabajo a distancia, el uso de recursos como ordenadores portátiles, tabletas y smartphones, y por último las herramientas de almacenamiento en la nube y de sincronización de discos duros. En tal sentido, el recurso a DropBox, Drive e incluso el uso de herramientas de encuesta para tomar decisiones de agenda, comportan tratamientos de datos personales que generalmente suponen un sistemático y generalizado incumplimiento del deber de seguridad recogido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el caso de las universidades públicas, del Esquema Nacional de Seguridad.

Debemos aprender que el profesorado “no es propietario de la información”, es un mero usuario y como tal debe cumplir escrupulosamente con sus deberes de seguridad. Usar un ordenador personal, a veces susceptible de ser utilizado por el entorno familiar, para almacenar información relativa a la gestión académica extrae la información de un ámbito que cuenta con medidas de seguridad, a un espacio altamente inseguro. Migrar una lista de estudiantes a un tercero en la nube, cómo poco supone convertirlo en encargado del tratamiento, ello sin perjuicio de la aplicación que proceda del régimen de las transferencias internacionales de datos personales. Resulta esencial, por tanto, conocer y aplicar aquello que haya dispuesto nuestra universidad en esta materia. Generalmente se tratará de obligaciones de trabajo “dentro” del aula virtual, la conexión remota segura a bases de datos con la prohibición de descargar información en el ordenador local, y la disposición de un espacio de disco remoto seguro en el que trabajar y depositar la información.

En conclusión y aunque resulte paradójico la enseñanza online del Derecho como actividad jurídicamente reglada nos obliga a transmitir ciertos valores desde la primera asignatura y a ser un ejemplo de diligencia en el cumplimiento normativo.