A propósito de las citas en exposiciones de motivos.

Es lugar común el adornar las exposiciones de motivos con referencias a la jurisprudencia constitucional. En nuestra tradición jurídica estas exposiciones cumplen la función de expresar la llamada voluntad del legislador. En el caso, de las normas europeas incluso se utilizan como canon de interpretación en sentido fuerte. Precisamente por ello resulta fundamental el exigir rigor en el uso de esta técnica.

El Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal contiene dos afirmaciones notables: que el constituyente “estaba pensando en el derecho fundamental a la protección de datos” y que «el Tribunal Constitucional señaló en su Sentencia 94/1998, de 4 de mayo, que nos encontramos ante un derecho fundamental a la protección de datos por el que se garantiza a la persona el control sobre sus datos, cualesquiera datos personales».

Ambas afirmaciones son ciertas, pero no rigurosas. La primera de ellas, expresa de algún modo el espíritu de las preocupaciones del debate en la Ponencia Constitucional. Pero es más que dudoso que se estuviera pensando en el derecho fundamental a la protección de datos.

Basta con considerar la intervención del Diputado Roca Junyent en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Este Diputado, en defensa de la enmienda núm. 117 presentada por Minoría Catalana manifestó:

«Como todos los señores Diputados conocen, es evidente que la informática está planteando problemas graves en los países más desarrollados de interferencias e injerencias en la libertad del ciudadano, hasta el punto, por ejemplo, de que está siendo en los Estados Unidos uno de los temas más controvertidos en la práctica diaria en relación con los derechos de los ciudadanos; allí son conocidas actuaciones en el orden de la libertad de asociación, de reunión, de gestión y de iniciativa económica, libertades que se han visto todas ellas dañadas por el uso indebido de la informática generalizada.

Por esto nos parece que cuando la Ponencia limita ese uso a los daños que puedan producirse al honor, a la intimidad personal y familiar, se queda simplemente en una reflexión parcial de los problemas, porque lo realmente grave aparece cuando esta información que puede dañar al honor incide en el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos, es decir, cuando un ciudadano, por ejemplo, deseando constituir una asociación o promocionar una reunión, o bien practicar una actividad económica, encuentra que, por razón de una información de la que él no es conocedor y respecto de la cual no puede incluso ni pronunciarse en muchas ocasiones, se limita de tal manera el ejercicio de sus derechos que se ve colocado en una situación de inferioridad y desigualdad frente a los ciudadanos.

Por esta razón (…) es por la que nosotros insistimos en nuestra enmienda, que fundamentalmente supone el incorporar entre los límites de la informática el de que se garantice el pleno ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos. ».

Es posible entender que exista un reconocimiento implícito de la autodeterminación informativa. El planteamiento del Sr. Roca hay que examinarlo a la luz del conjunto de enmiendas propuestas y de los términos en los que la discusión se produjo, ya que el debate se centró no sólo en la redacción definitiva del art. 18.4, sino también en su necesidad. En primer lugar, debe subrayarse que la redacción inicial del precepto era la siguiente:

La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos.

Por tanto el anteproyecto de Constitución no contemplaba el inciso final del párrafo: «y el pleno ejercicio de sus derechos». A esta redacción se presentaron diversas enmiendas que solicitaban su supresión. Otras propuestas plantearon cambios en el texto con la finalidad de profundizar en su significado. Cabe destacar dos de estas enmiendas: la número 117, a propuesta del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, que dio lugar a la redacción definitiva del artículo 18.4 y cuya justificación ya se ha expuesto; y la número 470, presentada por D. Raúl Morodo Leoncio, en nombre del grupo Parlamentario Mixto. Se propuso en ella una nueva redacción del art. 18. 4:

«La ley regulará el acopio, uso y difusión de los datos personales contenidos en archivos o registros, susceptibles de acceso automático, con objeto de garantizar las libertades públicas y el ordenamiento constitucional».

Esta fue, y así lo destaca Lucas Murillo (“El derecho a la autodeterminación informativa”), la única enmienda que propuso expresamente constitucionalizar la técnica de protección de datos. Y aun así, se remitía al legislador dicha tarea, sin reconocer el derecho fundamental de los ciudadanos al control de sus datos personales.

En el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados, además de la intervención del Sr. Roca se produjeron otras intervenciones que poseen interés. Así, el Sr. Sancho Rof destacó el carácter más formal que material de la enmienda de supresión que defendía  por entender que:

«La informática es sólo un medio técnico y entiendo, con sinceridad, que la expresión del apartado 1 “se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen” es una garantía en la forma de actuación, en el uso de los medios y en la utilización de la técnica, así que no entiendo por qué hay que hacer una mención expresa a la informática y no a otra serie de técnicas o medios que también pueden ir contra la intimidad personal y familiar y contra el honor de los ciudadanos.

En ese sentido sinceramente creo que el apartado 4 sobra (…)»

Por su parte, el Diputado Gastón Sanz se adhirió a la enmienda planteada por el Grupo Mixto, cuyo tenor literal planteaba la constitucionalización de las técnicas del proceso de datos. A continuación, el Sr. Roca defendió la enmienda de Minoría Catalana en los términos que arriba fueron reproducidos considerándola «la expresión más definidora de la garantía ante el uso indebido que podía hacerse de la informática». Planteamiento al que, en nombre del Grupo Socialistas de Cataluña, se adhirió el Sr. Martín Toval,  considerando obvia «la necesidad de establecer cláusulas de garantías; es más, cláusulas de control de la utilización de esta técnica por parte del Estado». El Sr. Solé Tura coincidiendo con el razonamiento del Sr. Roca en cuanto a la extensión del precepto «al pleno ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución», indicó que se trataba de establecer «garantías de control de los controladores». Finalmente, y con la renuncia de UCD a la enmienda de supresión n.º 779, se llegó a un consenso en torno al texto propuesto por Minoría Catalana.

De lo hasta aquí examinado resulta difícil inferir directamente la voluntad del constituyente de atribuir al art. 18.4 la naturaleza jurídica de derecho fundamental por distintas razones. En primer lugar, el hecho de que sobre la mesa estuviese un texto que expresamente reconocía los principios básicos informadores de la protección de datos que sin embargo no prosperó.

En segundo lugar, ni del texto de las enmiendas, ni de las intervenciones de los Diputados, se deduce la voluntad expresa de establecer un derecho fundamental. Lo único que puede en principio colegirse es la existencia de una cierta prevención ante una nueva tecnología susceptible de amenazar, no sólo a los derechos del art. 18 C.E., sino también al libre ejercicio de otros derechos fundamentales.

En otro orden de cosas, de haber constitucionalizado las técnicas de protección de datos, los constituyentes no habrían introducido innovación alguna en el marco del derecho constitucional comparado. La Constitución de la República Portuguesa, en su art. 35, apartados 1. º a 3. º, ya había establecido en 1976:

«1. Todos los ciudadanos tendrán derecho a tomar conocimiento de lo que conste en forma de registros mecanográficos acerca de ellos y de la finalidad a que se destinan las informaciones y podrán exigir la rectificación de los datos, así como su actualización.

2. No se podrá utilizar la informática para el tratamiento de datos referentes a convicciones políticas, fe religiosa o vida privada, salvo cuando se trate de la elaboración de datos no identificables para fines estadísticos.

3. Se prohíbe atribuir un número nacional único a los ciudadanos. ».Este precedente debía constar a los Diputados, de modo que, en la misma forma que se tomaron preceptos y planteamientos de otras Constituciones para redactar la española, pudo haberse importado este concreto precepto de la portuguesa».

Este precedente debía constar a los Diputados, de modo que, en la misma forma que se tomaron preceptos y planteamientos de otras Constituciones para redactar la española, pudo haberse importado este concreto precepto de la portuguesa.

De los argumentos precedentes y del propio tenor literal del precepto se concluye que el constituyente manifestó la intención de limitar los usos de una nueva tecnología, que esa limitación fuese realizada por ley y que la finalidad de esa limitación no fuese otra que establecer una garantía adicional, o reforzada, de concretos derechos fundamentales susceptibles de ser afectados por los usos de la informática.

El constituyente pudo perfectamente establecer el derecho a la autodeterminación informativa pero no lo hizo, o al menos no lo hizo expresamente. Así que la Constitución “no” fue pionera en el reconocimiento del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, lo fue al expresar una corriente de preocupación común a los países europeos más avanzados.