A propósito de las citas en exposiciones de motivos (II).

Como se señalaba en el post precedente no se considera precisa la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley de Reforma de la LOPD en su referencia a la génesis del derecho fundamental a la protección de datos y en la cita de la jurisprudencia constitucional.

En esta segunda materia, el Tribunal Constitucional fue relativamente pionero, por cuanto siguió los pasos del Tribunal Constitucional Federal Alemán en la sentencia de la Ley del Censo de 1983. Esta conforma la llamada autodeterminación informativa, sobre la base de la dignidad y el derecho general de la personalidad, acudiendo a una técnica de interpretación que también admite el artículo 10.2 de nuestra Constitución.

Así, en materia de datos personales la primera sentencia de referencia no es la STC 94/1998 sino la 254/1993. Aunque deba reconocerse que se trata de un momento genesíaco y dubitativo  y el Tribunal Constitucional oscila entre la afirmación de un nuevo derecho fundamental o una interpretación evolutiva del derecho a la intimidad. En la doctrina pueden encontrarse afirmaciones a favor de una u otra postura.

El recurso de amparo que dio lugar al pronunciamiento tuvo su origen en la petición de información por parte de un ciudadano vasco al Gobernador Civil de Guipúzcoa sobre la existencia de ficheros automatizados de la Administración del Estado que pudiesen contener datos relativos a su persona. Se solicitaba también, en caso de que estos existieran, la indicación del organismo estatal en el que se encontraban, la finalidad de los ficheros, la autoridad que los controlase y su residencia habitual, y, además, se pedía la comunicación de los datos existentes que le afectasen, de forma inteligible y sin demora. Los hechos sucedieron en 1986, y se fundaba la petición en el Convenio de 28 de enero 1981 del Consejo de Europa, para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, ratificado por España en 1984. La solicitud fue denegada por la Administración y, agotada la vía administrativa, la denegación fue confirmada por las sucesivas instancias judiciales, interponiéndose finalmente recurso de amparo.

El Tribunal Constitucional, en relación con la aplicación del Convenio de 1981, y destacó el valor que de acuerdo con el artículo 10.2 C.E. poseen los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos como elemento de auxilio en la labor de interpretación. Y aunque flirteó con la idea de la autodeterminación informativa, finalmente fundamentó todo su planteamiento en el derecho a la intimidad. De hecho se refirió a los conceptos de derecho a la intimidad y de libertad informática a veces como equivalentes, a veces como distintos y complementarios. También se observará como en distintos fundamentos jurídicos va fijar el centro de su argumentación en uno u otro sin clarificar cual es el derecho fundamental cuya tutela se pretende.

Así ya desde el inicio parece que la argumentación se mueva en el campo de la intimidad:

«La cuestión suscitada en el presente recurso de amparo consiste en determinar si la negativa a suministrar la información solicitada, acerca de los datos personales del actor que la Administración del Estado posee en ficheros automatizados, vulnera o no los derechos fundamentales a la intimidad y a la propia imagen que le reconoce el art. 18 de la Constitución, tanto en su apartado 1 como en el 4.» (FJ núm. 1)

Sin embargo, en el fundamento jurídico sexto da la impresión que se asuman plenamente los planteamientos favorables a considerar el artículo 18.4 C.E. como base de un nuevo derecho fundamental, atribuyéndose a éste una doble naturaleza de instituto de garantía y de derecho fundamental:

«nuestra Constitución ha incorporado una nueva garantía constitucional, como forma de respuesta a una nueva forma de amenaza concreta a la dignidad y a los derechos de la persona, de forma en último término no muy diferente a como fueron originándose e incorporándose históricamente los distintos derechos fundamentales. En el presente caso estamos ante un instituto de garantía de otros derechos, fundamentalmente el honor y la intimidad, pero también de un instituto que es, en sí mismo, un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos, lo que la Constitución llama la “informática”».

Sin embargo, es en el fundamento jurídico séptimo donde la aparente posición del Tribunal Constitucional en favor de la afirmación de un derecho fundamental a la autodeterminación informativa da un vuelco en dirección hacia la idea de vida privada como derecho instrumental. Así, aunque se hacen referencias a la libertad informática y al habeas data, la resolución del Tribunal, estimando el amparo, se fundamenta en el derecho a la intimidad:

«Las facultades precisas para conocer la existencia, los fines y los responsables de los ficheros automatizados dependientes de una Administración pública donde obran datos personales de un ciudadano son absolutamente necesarias para que los intereses protegidos por el artículo 18. C.E., y que dan vida al derecho fundamental a la intimidad, resulten real y efectivamente protegidos. Por ende, dichas facultades de información forman parte del contenido del derecho a la intimidad, que vincula directamente a todos los poderes públicos, y ha de ser salvaguardado por este Tribunal, haya sido o no desarrollado legislativamente» (FJ núm 7).

En la segunda sentencia dictada en esta materia, la STC 143/1994 el Tribunal Constitucional reitera su doctrina sobre el derecho a la intimidad en relación con la protección de datos argumentando en términos de protección de la vida privada.

La posterior jurisprudencia del Tribunal Constitucional se alineará con el reconocimiento interpretativo en nuestro ordenamiento de un derecho fundamental a la autodeterminación informativa. En efecto en el bloque de sentencias dictadas con motivo del caso R.E.N.F.E., la principal y primera de las cuales es la STC 11/1998, se afirma con rotundidad la presencia de un nuevo derecho fundamental en el artículo 18.4 C.E. El pronunciamiento da lugar a una familia de sentencias de las que la 94/1998 es una más, junto a las SSTC 33/1998 y 35/1998, 45/1998, 60/1998, 77/1998, 104/1998, 105/1998, 106/1998, 123/1998, 124/1998, 126/1998, 158/1998, 198/1998, 223/1998, 30/1999, 44/1999 y 45/1999.

El supuesto de hecho que da lugar a tales pronunciamientos es el mismo en todos los casos: con motivo de una convocatoria de huelga en la empresa R.E.N.F.E. realizada por los sindicatos Comisiones Obreras y la Confederación General del Trabajo la compañía retiró el sueldo correspondiente a los paros a determinados trabajadores. El criterio usado para ello fue el de su afiliación sindical dato que la entidad conocía en tanto que facilitaba el pago de la cuota sindical mediante descuento practicado sobre la nómina de los empleados habilitando para ello un proceso informático en el que se asignaba un código numérico a cada sindicato a fin de facilitar, y automatizar, la operación. En este caso R.E.N.F.E. utilizó ese dato personal contenido en un fichero automatizado para una finalidad distinta de la prevista inicialmente, esto es, la retirada automática de una parte del salario por inasistencia al trabajo con motivo de una huelga sin la comprobación material del hecho.

El Tribunal Constitucional se ha manifestado en estas sentencias con total rotundidad y en el fundamento jurídico cuarto de la STC 11/1998 señala retomando una parte de  la doctrina de la STC 254/1993:

« Por su parte, la STC 254/1993 declaró con relación al art. 18.4 CE, que dicho precepto incorpora una garantía constitucional para responder a una nueva forma de amenaza concreta a la dignidad y a los derechos de la persona. (…)

En suma ha de concluirse que tuvo lugar una lesión del art. 28.1 en conexión con el art. 18.4 CE. Este no sólo entraña un específico instrumento de protección de los derechos del ciudadano frente al uso torticero de la tecnología informática, como ha quedado dicho, sino que además, consagra un derecho fundamental autónomo a controlar el flujo de informaciones que conciernen a cada persona -a la privacidad según la expresión utilizada en la Exposición de Motivos de la LORTAD-, pertenezcan o no al ámbito más estricto de la intimidad, para así preservar el pleno ejercicio de sus derechos. Trata de evitar que la informatización de los datos personales propicie comportamientos discriminatorios. Y aquí se utilizó un dato sensible, que había sido proporcionado con una determinada finalidad, para otra radicalmente distinta con menoscabo del legítimo ejercicio del derecho de libertad sindical»

El Tribunal Constitucional retoma su jurisprudencia en la STC 202/1999, ahora sí un caso genuino sobre protección de datos en el que se debate el uso por el Banco Central Hispanoamericano de un fichero médico en el que constaban los resultados de las revisiones periódicas realizadas por los servicios médicos de la empresa y empresas médicas subcontratadas, así como los diagnósticos médicos de todas las bajas por incapacidad temporal de los trabajadores extendidas por los facultativos de la Seguridad Social. Dicho fichero incumplía las obligaciones formales de inscripción y publicidad previstas por la entonces vigente LORTAD y cuyo uso había contravenido el principio de finalidad. Asimismo los reiterados intentos de ejercitar el derecho de cancelación por parte del actor habían resultado infructuosos.

Pues bien, con independencia del problema concreto el Alto Tribunal sitúa la cuestión de nuevo de un modo ambiguo y parece concebir el derecho al control de los datos personales como una garantía constitucional del derecho a la intimidad desarrollado por el legislador. Pero no maneja un concepto de intimidad excluyente y estricto. Se trata de un derecho ordenado a la protección de la vida privada en sus múltiples dimensiones que incorpora facultades de autorrealización individual, y por tanto facultades coincidentes con la idea de autodeterminación informativa a la que se refería la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán sobre la Ley del censo de 1983.

La sentencia 292/2000 finalmente consolida la configuración pretoriana del derecho fundamental a la protección de datos. Pero esta historia es bastante más conocida.