SEPE, Formación poco controlada y competencia desleal.

El Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto el escaso control que desarrolla el Servicio Público de Empleo SEPE respecto de los cursos de formación bonificada. La consideración del Tribunal respecto del modo de realizar estos controles es particularmente habla por si misma y pone de manifiesto una situación vergonzante para un país como España.

13.El 68% de las actuaciones de control “en tiempo real” desarrolladas en el ejercicio 2012 por el Servicio Público de Empleo Estatal, con el apoyo técnico y colaboración de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, tuvieron como consecuencia bien la imposibilidad de realizar dichas actuaciones o bien la confirmación de incidencias o desviaciones en la realización de las acciones formativas, al incumplirse alguno de los requisitos exigidos por la normativa vigente para mostrar la conformidad a su realización.

Teniendo en cuenta, por una parte, el escaso porcentaje objeto de control de los grupos formativos finalizados que, de acuerdo con la información obrante en la base de datos certificada por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, ascendió al 4,61% de los grupos finalizados en el ejercicio 2012, y, por otra, el elevado grado de incumplimientos observados en la realización de los grupos formativos objeto de control, verificado también por este Tribunal en los trabajos de fiscalización desarrollados, este Tribunal considera que el porcentaje de actuaciones de control, establecido legalmente en el 5% de los recursos públicos destinados a la realización de las iniciativas de formación de demanda, se muestra claramente insuficiente (Epígrafe III.2.2).

14. Los plazos empleados para la realización de las actuaciones de seguimiento y control desarrolladas por el Servicio Público de Empleo Estatal originan que las comunicaciones previas a efectuar por este organismo a las empresas con bonificaciones indebidamente aplicadas no se inicien hasta casi dos años después del ejercicio en que se aplicaron aquellas, lo que ocasiona que la remisión de los correspondientes expedientes a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se dilate de forma excesiva en el tiempo, generando un riesgo de posible prescripción del derecho a exigir dichas devoluciones (Epígrafe III.2.2).

Estas carencias operan no sólo en términos cualitativos, -siendo incapaces de evaluar el impacto real en la economía, la competitividad de las empresas y la evolución laboral de los trabajadores-, sino también cuantitativos, ya que casi siete de cada 10 controles no se pudieron culminar por falta de información o por irregularidades. Esta incompetencia en la verificación explica por si sola un fenómeno muy conocido en el sector de la protección de datos, el llamado Coste Cero, y a la consolidación en las dos últimas legislaturas de un modelo de financiación empresarial rayano en la corrupción.

El procedimiento resulta tan sencillo de explicar cómo increíble su mantenimiento pese a las decenas de quejas presentadas por los profesionales, y singularmente por la Asociación Profesional Española de Privacidad. Una empresa acreditada para ofrecer formación oferta a las PYME la contratación de cursos con el regalo del asesoramiento para el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, o bien con costes formalmente ridículos de 20, 30 o 60 euros. El curso no se imparte, o se entrega documentación en soporte papel o digital con unas cómodas y sencillas preguntas de test y la documentación necesaria para acreditar una formación no impartida o de baja calidad. El dinero, unos 220 euros por trabajador, en realidad se destina al pago de los servicios de asesoramiento jurídico y/o tecnológico. Incluso se firma un compromiso de mantenimiento anual, mintiendo a la empresa sobre auditorías obligatorias. De este modo, además se secuestran los fondos de formación en años futuros. El nivel de desvergüenza tolerada en esta materia ha alcanzado a la firma de Convenios en los que Diputaciones provinciales y municipios han actuado como prescriptores de estas empresas en su territorio.

Con independencia de su calificación jurídica, este conjunto de prácticas apuntan a un resultado trágico para la economía y la sociedad española. A quienes contratan estos cursos la protección de los datos de sus clientes y la garantía de la seguridad de la información les suele importar un comino. Generalmente se les ha asustado, si no coaccionado, con la existencia de unas terribles multas de 60.000.-€ que seguramente les impondrá la Agencia Española de Protección de Datos. Y se les ha ofrecido como solución un servicio gratis-total que se concreta en marcar crucecitas en formularios predefinidos para elaborar inscripciones de ficheros, políticas de privacidad y documentos de seguridad que no sólo atentan contra la más elemental calidad jurídica, sino en ocasiones contra el idioma español y el diccionario de la Real Academia.

El resultado es el de una pequeña y mediana empresa que confunde el cumplimiento de la Ley con un archivador repleto de documentos de copiar-pegar, que desconoce los aspectos más elementales de la materia y que casi con total seguridad incumple los mandatos más esenciales. Eso significa que miles de empresas creen estar preparadas para afrontar la economía digital a “coste cero” con una base jurídica y de seguridad incapaz de ofrecer el más mínimo estándar de calidad y confianza.

Por otra parte, mientras que los consultores y universitarios españoles invierten miles de euros y de horas de duro estudio en una formación que les capacite, estas empresas fichan a sus “expertos” mediante cursillos de una mañana en la que aprenden a rellenar una encuesta predefinida y a atender un call center.

Por último, no hablamos de cantidades ridículas. Si en 2008, según INCIBE (entonces INTECO) un 85% de las Pymes españolas no conocían el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y si la misma institución en 2012 estimaba que solo un 31% cumplía la norma, hablamos ni más ni menos que dos o tres millones de ficheros inscribibles. Este volumen multiplicado por 220 euros arrojaría un resultado obsceno.

Así pues, querido lector, con el dinero de sus impuestos y con la pasividad de quienes debieran controlar esta materia se están financiando servicios de asesoramiento, desviando de finalidad las subvenciones, no se forma a los trabajadores, se arruina a todo un sector profesional y se lamina el futuro de las empresas españolas en la economía digital. Si esto sucede en otras áreas de la formación subvencionada con fondos públicos, la realidad será propia de una tragedia homérica que no merece ser calificada, todos conocemos el adjetivo.