Encuestas de calidad del profesorado: ¿Un problema de protección de datos?

El 22 de junio de 2022 la Autoridad Catalana de Protección de Datos publicó un breve, pero muy interesante informe sobre la consideración que deberían recibir los campos de texto libre en las encuestas del profesorado universitario. Para quienes desconozcan esta materia debe señalarse que:

1.-Cada asignatura es evaluada por las y los estudiantes mediante encuestas, generalmente online que, metodológicamente hablando se caracterizan por ser anónimas y realizarse antes de la evaluación evitando así cualquier grado de influencia o coerción.

2.-Las encuestas suelen contener preguntas con respuesta valorativa, con distintas escalas numéricas y/o preguntas con selección de respuesta. A ellas se añaden preguntas abiertas con respuesta de texto libre.

3.-La finalidad de estas encuestas busca la calidad docente y la evaluación de los títulos y del profesorado. Por otra parte, puede producir efectos jurídicos, en las solicitudes de quinquenios docentes, y en la verificación de la calidad de un título por la Agencia de Calidad.       

4.-La documentación de cada encuesta, en el marco de la notificación al profesor, en su categorización, y en su manejo por la autoridad académica suele incluir el código de asignatura/curso/grupo y la identidad del profesor. En cualquier caso, incluso sin tales referencias en los campos de texto libre no sería inusual encontrar un comentario del tipo “El profesor Ricard Martínez….”

En esencia, la consulta CNS 16/2022 se refiere a la valoración de los campos de texto libre. En concreto se someten a la consideración de la APDCAT dos cuestiones:

“1. Si el acceso al informe individual del profesor por parte del resto de profesores que imparten la misma asignatura en otras titulaciones de la universidad es un tratamiento de datos adecuado, pertinente y no excesivo en relación con las finalidades del tratamiento, o si, contrariamente, estos informes tendrían que ser debidamente anonimizados.

  1. Si el campo de texto libre con las opiniones de los estudiantes sobre la asignatura y el profesor puede tener la consideración de dato de carácter personal, a pesar de estos comentarios no incluyan ningún dato personal.”

De modo resumido, la APDCAT maneja el concepto de anonimización del Considerando 26 del RGPD, que relaciona con las definiciones del artículo 4, y el Dictamen 4/2007 del GT29 sobre el concepto de dato personal.

En tal sentido se señala que, conforme a este Dictamen «el concepto de datos personales incluye todo tipo de afirmaciones sobre una persona. Por consiguiente, abarca información «objetiva» como, por ejemplo, la presencia de determinada sustancia en su sangre, pero también informaciones, opiniones o evaluaciones «subjetivas» (la negrita es nuestra). Por otra parte, señala la autoridad que «tanto las encuestas de evaluación de la actuación docente como los informes individuales de valoración de cada miembro personal docente, en la medida que recogen las valoraciones que efectúa el alumnado sobre los mismos, se tiene que considerar que contienen datos personales de los docentes evaluados». No serían datos personales las que estrictamente se refieran a la asignatura.

Es decir, y para una mejor comprensión de las personas alejadas de este contexto. Afirmar que “Derecho Constitucional II es una asignatura que me ha parecido muy difícil”, no implicaría tratamiento de datos personales y, en cambio, afirmar, en un ejemplo intencional y nada inocuo que “el profesor Ricard Martínez es un insufrible prepotente” sería una manifestación subjetiva de una cualidad predicable de una persona identificada o identificable.

Por otra parte, además de justificar la presencia de una misión de interés público en el tratamiento, la APDCAT con cita expresa de los considerandos del RGPD, subraya los principios del artículo 5 del RGPD señalando que «el principio de minimización de datos comporta tanto la obligación que el responsable del tratamiento no trate datos personales en aquellos casos en los cuales para lograr una determinada finalidad no sea necesario tratarlas, como la obligación que, en el supuesto de que haya que tratarlas, solo se tratarán los datos necesarios e imprescindibles, y también que no se harán más tratamientos de los estrictamente necesarios (por ejemplo, garantizando que solo las personas adecuadas tendrán acceso). (la negrita es nuestra).

Por último, con cita del Considerando 26 y del Dictamen 5/2014 del GT29 la APDCAT llega a una conclusión obvia. Incluso suprimiendo los datos del profesor, basta con cualquier referencia en un campo de texto libre para hacerlo identificable. Nótese, que el Comité Europeo de Protección de Datos es muy estricto en la consideración del concepto de anonimización y, por tanto, no sólo se trata de eliminar una referencia expresa. Bastaría con una contextualización del horario, de la lengua, de la titulación (cuando sólo exista un grupo o dos), del género, e incluso de aspectos ideológicos conocidos para identificar al profesorado.

La APDCAT concluye por tanto que:

▪ Las opiniones del alumnado sobre el profesorado, recogidas en el campo de texto libre de las encuestas de evaluación de la actuación docente del profesorado, tendrán la consideración de datos personales de los profesores evaluados.

▪ El acceso a los informes individuales de evaluación del profesorado por parte del resto del profesorado que imparte la misma asignatura en otras titulaciones de la misma universidad debe considerarse un tratamiento excesivo en relación con las finalidades de evaluación y mejora de la actuación docente.

▪ La comunicación podría efectuarse con la previa anonimización».

Pero esta es la lectura básica, la Autoridad responde a lo que se le pregunta. A nuestro juicio su posición obliga a considerar otros elementos:

1.-Desde el punto de vista del diseño del tratamiento.

Es evidente que, vista la posición de la APDCAT, sería indispensable, considerar un conjunto de acciones ordenadas a garantizar la calidad y propiedad de los datos. Al menos:

▪ Plantear una información adecuada a las y los estudiantes señalando de modo muy preciso la naturaleza de los comentarios que se esperan en las preguntas con respuesta abierta.

 ▪ Disponer de un proceso de calidad y control en el que técnicos calificados se aseguren de verificar cualquier comentario no pertinente para los objetivos de la encuesta y, en particular los vejatorios. Y, subrayo, debe tratarse de un número de usuarios restringido con conocimientos acreditados desde el punto de vista del objetivo de la encuesta.

▪ Limitar los usuarios con acceso encuestas y capacidad de identificación a aquellos con competencia en la materia. Y asegurar de modo fehaciente, que conocen sus deberes de confidencialidad y secreto.

▪ Asegurar una adecuada técnica de anonimización.

2.-Desde el punto de vista de la calidad de los datos y considerando escenarios jurídicos adicionales.

 Las encuestas las hacen todas y todos los estudiantes. Es decir, las hacen personas que no han asistido a clase y los que tal vez el profesor en ha informado de la imposibilidad de aprobar o superar una determinada nota. Las formalizan personas que pueden haber sido corregidas duramente en la presentación de trabajos. Y, créanme quién esto escribe es implacable éticamente cuando detecta un plagio en un trabajo. Y, no es infrecuente que personas que están repitiendo curso o mantienen una posición ideológica contraria al docente lo evalúen desde el anonimato.

Y en este contexto, personas que o bien no están en condición de evaluar una docencia que no han presenciado, o que mantienen algún tipo de animadversión pueden opinar vitriólicamente en un documento que, sin control o filtro ético o jurídico alguno, se trasladará a la autoridad académica, al resto del profesorado y, bajo condiciones de verificación específica, a una agencia de calidad.

En nuestra opinión, en estos supuestos patológicos excepcionales se dan dos circunstancias relevantes:

▪ Se atribuye valor a manifestaciones subjetivas no contrastadas con efectos significativos en protección de datos. Si, se ha señalado que son datos personales y se califica a “Ricard Martínez” como “rojo” “socialista” o “neurótico” bordearíamos peligrosamente las categorías especiales de datos. Pero existe una inconsistencia todavía más grave. Al no eliminar manifestaciones puramente subjetivas, referidas al profesor y no probadas, se forzaría hasta el extremo el principio de exactitud en la medida en que tales manifestaciones incidan ya sea en la valoración del profesorado, ya sea en su consideración profesional.

▪ Y desde este último punto de vista. Si una universidad tiene conocimiento de la existencia de un comentario subjetivo, que afecta al honor profesional, e incluso vejatorio, y no lo retira asume lo que en libertad de expresión se conoce como “posición de editor”. Y no podría alegar que no “comprobó el comentario”. Desde el punto de vista del principio de responsabilidad proactiva, debió verificarlo y, en su caso, suprimirlo. Con ello, no sólo se estaría afectando al derecho fundamental a la protección de datos, sino también al derecho al honor. Incluso, cuando la información sólo fuera accesible a directores de departamento, decanatos o vicerrectorados. La universidad es un universo limitado de personas y no tengo la menor duda de que la reputación del profesorado padecería una lesión.

El informe de la APDCAT constituye un aldabonazo significativo para la metodología de encuesta, para su gestión y para su difusión y exige de la adopción de medidas no sólo a su destinatario directo.