La necesidad de incorporar principios morales de funcionamiento en el sector TIC

Ricard Martínez

Dedicaba el anterior y lejano post al rampante Spam que nos aqueja. Es evidente que vivimos tiempos de crisis económica y que gran parte de este uso y abuso del medio deriva de la desesperación y de un modo de entender la actividad comercial que no puede calificarse sino de estúpida.

Veamos algunos ejemplos. Recibo un mensaje la mar de simpático en el que me animan a ir pensando en que un día de estos me he de morir, pero si me hago un seguro con ellos, pues ¡¡¡Carpe Diem!!!, ya que podré disfrutar del extraordinario PACK “la vida es bella”.

La oferente, (creo que la correduría de una gran aseguradora), no es nada tonta; el asunto del mensaje es muy gráfico: “OFERTA COLECTIVO PROFESORES UV – REF. 163022 – Derecho Constitucional”. No busque el autor la palabra “PUBLI”, ¡nada!: envío a saco a la lista de distribución de mi departamento universitario. Además, ¿para qué pedir consentimiento?, la aseguradora ya nos dice “PUNTUALMENTE RECIBIRÁ LA INFORMACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROMOCIONES EN SU CORREO CORPORATIVO SI NO INDICA LO CONTRARIO”. Y, por supuesto, no busquen un modo de cancelar el dato u oponerse al tratamiento más allá de esta críptica frase. Pero, en el fondo estoy feliz, me hacen precio para una caja de madera de pino, -la cual de ser usada evidentemente le resolvería un problema de liquidez al erario público ya que se ahorraría no una sino 14 pagas de golpe-, y además me regalan una visita al Spa, un desayuno con colesterol que ya tengo ataúd por si hace falta, y una visita a una bodega para dos personas a ver si me mato en algún caminito de montaña y uso rápido el seguro.

Resulta mucho más divertido encontrarme con una universidad que me propone “estudiar”. Para ser exactos una determinada Universidad española me propone visitarlos “y alcanzar mi mejor yo”, sea esto lo que sea. El mail reúne todos y cada uno de los requisitos formales incluso un aviso legal  que conviene analizar:

«La información incluida en este email es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Ud lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con sus ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo».

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999, y la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero automatizado titularidad de [DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AGENCIA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING CONTRATADA POR LA UNIVERSIDAD]. La información registrada se utilizará para ofrecerle por cualquier medio electrónico información considerada de su interés. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición haciendo click aquí

En cumplimiento de la Ley 34/2002 del 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico haciendo click aquí

 Si lo he entendido bien, resulta que yo con estos señores no tengo la menor relación, no soy “su cliente”. Y sin embargo, en lugar de recibir un mail previo solicitando autorización y consentimiento expreso, me escriben directamente y pretenden “amordazarme”. Ojito con que a Vd. se le ocurra divulgar este texto, nuestra libertad de empresa del art. 38 CE se pasa por el arco del triunfo su derecho del art. 18.4.CE y ya puestos su derecho del art. 20 CE a informar a la comunidad y a ejercer su libertad de expresión. No vamos a entrar en disquisiciones jurídicas evidentes todavía, pero esta es una buena muestra del estilo “te spameo por lo legal”. En realidad, lo cortés no quita lo valiente, no se trata de la Universidad quién remite esta información, es una agencia contratada al efecto,  que amablemente avisa al mundo mundial en el primer párrafo de su nota legal que

En virtud de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de carácter personal, le hacemos conocedor de que sus datos personales que pueden estar en esta comunicación, están incorporados en un fichero automatizado responsabilidad de la empresa mercantil [DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AGENCIA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING],

Es decir, en un alarde de finura la empresa en cuestión ni siquiera adapta su información legal al contexto en el que la ubica, se dedica a un copia-pega, que imagino que es el procedimiento del que se sirve para enviar información a universitarios sin darse ni siquiera cuenta que “@uv.es” significa, ¡¡¡¡vaya por Dios!!!!, profesor y ellos buscan alumnos. 

La cosa sigue, se me ocurre poner un anuncio en internet alquilando un piso y una amable inmobiliaria me envía dos spam telefónicos de libro, por dos comerciales distintos, sin ninguno de los requisitos legales relativos al consentimiento previo, al carácter publicitario del envío o al modo de oponerme al tratamiento. Puestos al habla con tan amables señores resulta que la culpa es mía por haber puesto datos en público.

Así que en todos los casos coincide una serie de elementos jurídicos sencillamente interesantes:

● Quienes han recabado estos datos consideran que puesto que están en internet son plenamente disponibles.

● Que ello, en por lo menos dos de los casos concede el derecho a no tomarse la molestia de cumplir ni siquiera con los aspectos meramente formales.

● Que desde un punto de vista de tratamiento de datos personales confunden la causa denominada del “interés legítimo”, que requiere un análisis profundo del impacto en el derecho fundamental afectado (esto es, de los destinatarios del mensaje no solicitado),  y el mero interés empresarial.

● A estas entidades les da igual el daño que puedan provocar evaluable en días de trabajo perdido borrando sus amables mensajes publicitarios.

Todo ello sólo puede conducir a una inevitable conclusión: han sido muy mal asesorados. Sin embargo, lo más relevante no es el juicio jurídico que nos merezcan estas conductas sino el juicio relativo a la moralidad empresarial que representan.

En primer lugar, cuando el criterio de actuación comercial es el “todo vale”, incluso saltarse leve o gravemente las normas, cuando para hacer negocio una empresa está dispuesta a infringir normas que podría cumplir con esfuerzo relativamente bajo, lo último que pueden esperar confianza del usuario.

En segundo lugar, me pregunto si las empresas españolas son capaces de entender que quien informado acepta recibir sus mensajes es un cliente potencial. En realidad, lo que consiguen con este tipo de acciones es un “no cliente” enfadado y están generando un grave perjuicio a la imagen corporativa de las marcas a las que sirven. A mí, por ejemplo, los señores de la aseguradora que mencionaba antes que me esperen… pero sentados que la cosa va para largo.

Por otra parte, quienes no se preocupan de depurar sus bases de datos y se limitan a esfuerzos del tipo copia-pega, navegando indiscriminadamente por Internet ponen de manifiesto una ética empresarial muy dudosa. ¿Cómo debería tomarse la Universitat de València, una entidad pública que se gasta su buen dinero para ofrecer una docencia de calidad y aun así debe invertir en marketing, que una universidad privada, -o alguien en su nombre-, se dedique a usar listas de distribución de su propio directorio para hacer publicidad? ¿Cómo puede una inmobiliaria aprovecharse del esfuerzo de quienes han diseñado un modelo de intermediación online que pone en contacto directo a propietarios y oferentes para su propio negocio?

En este país, también el sector empresarial que desarrolla su actividad en las tecnologías de la información y las comunicaciones, o bien las utiliza instrumentalmente, necesita de una profunda renovación moral. Una empresa que no dispone de metodologías de cumplimiento normativo, o lo que es peor que conociendo la normativa desarrolla estrategias de cumplimiento aparente, no merece competir en el mercado.